Inconcurrencia de la víctima en procesos de faltas por
violencia familiar en el distrito de Huancarama
Victim's failure to appear in proceedings for domestic violence offenses in
the district of Huancarama
Recibido: 18/08/2025 - Aceptado: 14/11/2025
Nila Taipehuaman Alvites
https://orcid.org/0000-0001-6026-2457
ntaipehuaman@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima-Perú
Resumen
La investigación tiene como objetivo determinar los factores que influyen en las víctimas para tomar la radical
decisión de no continuar con el proceso penal por faltas, evitando de esta manera una sanción al agresor. Para
ello, se empleó una metodología cualitativa con un diseño interpretativo; en ese sentido, las fuentes fueron
seleccionadas de las bases de datos Scopus, Google Académico, Redalyc y Bibliotechnia. La técnica utilizada
para la recolección de datos fue la entrevista y el análisis documental de resoluciones emitidas por el Poder
Judicial relacionadas con el desistimiento tácito. En esa línea, la población participante estuvo conformada por
diez víctimas de violencia familiar del distrito de Huancarama, quienes aportaron información esencial desde su
situación para abordar la problemática planteada. Los resultados demuestran que las víctimas de violencia familiar
del distrito de Huancarama no concurren a la audiencia de juicio oral por faltas debido a la lejanía geográfica que
existe entre su domicilio y el juzgado, la dependencia hacia el agresor, la reanudación de la relación y la falta de
concientización sobre las consecuencias que puede acarrear su decisión. En conclusión, el estudio resalta que
es imprescindible el despliegue de todas las acciones tendientes a concientizar a las mujeres respecto a las
consecuencias de no proseguir con el proceso penal por faltas, brindándoles apoyo constante y monitoreándolas
con un equipo multidisciplinario.
Palabras clave: víctima, faltas, sanción
Abstract
The research aims to determine the factors that influence victims to make the radical decision not to continue with
criminal proceedings for misdemeanors, thereby avoiding punishment for the aggressor. To this end, a qualitative
methodology with an interpretive design was used; in this regard, the sources were selected from the Scopus,
Google Scholar, Redalyc, and Bibliotechnia databases. The technique used for data collection was interviews and
documentary analysis of resolutions issued by the judiciary related to tacit withdrawal. The participating population
consisted of ten victims of domestic violence from the district of Huancarama, who provided essential information
from their situation to address the issue at hand. The results show that victims of domestic violence in the district
of Huancarama do not attend the oral trial hearing for misdemeanors due to the geographical distance between
their home and the court, their dependence on the aggressor, the resumption of the relationship, and a lack of
awareness of the consequences that their decision may entail. In conclusion, the study highlights that it is essential
to implement all possible measures to raise awareness among women about the consequences of not continuing
with criminal proceedings for misdemeanors, providing them with constant support and monitoring them with a
multidisciplinary team.
Keywords: victim, offenses, penalty
Introducción
La violencia contra la mujer, según la Ley 30364 (2015), es todo acto o conducta que causa muerte, daño
o sufrimiento físico, psicológico o sexual, sea por su condición de mujer o como integrante del grupo familiar. Por
su lado, Cisnero (2022) asegura que la gravedad de estas prácticas violentas altera un orden preestablecido en
el ámbito familiar que afecta a las mujeres, quienes creen en el mito del amor romántico y terminan siendo
denigradas y maltratadas, situándolas en una posición de desigualdad y limitando el ejercicio pleno de sus
derechos. La presencia de la violencia opera como un elemento reductor de la autonomía de la agraviada,
conforme exponen Gonzales y Galletti (2020).
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La violencia es una problemática que nos aqueja desde tiempos atrás, acentuada en la pandemia,
conforme señalan Castillo y Ruiz (2021). Esta ha venido en aumento en la población mundial, según Cleto y
Signorelli (2019). Baena et al. (2020) aluden que la problemática preocupa a entidades de distintos países. Lara
et al. (2019) estiman que un 30% de mujeres fueron agredidas por sus parejas. Por ello, se creó la Ley 30364,
que establece un sistema de justicia especializada para la tramitación y sanción al agresor.
En el Estado de México, López (2020) afirma que se sufre una crisis institucional por los niveles
alarmantes de violencia contra la mujer. Tal es así que entre nueve y diez mujeres son asesinadas al día, según
datos estadísticos de la ONU (2019). En 2019 el Perú registró 168 feminicidios y 222,376 denuncias por violencia
familiar recibidas en las comisarías, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
A pesar de contar con un amplio marco normativo nacional e internacional sobre violencia contra las
mujeres, los Estados siguen siendo sancionados por el incumplimiento de su deber de actuar con la debida
diligencia para investigar, sancionar y prevenir la violencia, tal como asevera Nieto (2020).
En esa dirección, esta investigación analiza las causas que llevarían a la víctima a no concurrir a la
audiencia de juicio oral por faltas, así como las consecuencias de su decisión respecto a la impunidad de la
conducta del agresor. Luego, se determina si los alcances de la Ley 30364 están diseñados para víctimas que
residen en zonas altoandinas o lugares alejados del distrito de Huancarama.
En efecto, confluyen múltiples causas para que la víctima de violencia familiar opte por no asistir a la
audiencia de juicio oral por faltas. Entre ellas destaca que las instituciones públicas creadas para brindar
acompañamiento integral están ubicadas en zonas de alta población, mas no en zonas altoandinas o distritos con
altos índices de pobreza. Así pues, Rocha et al. (2025) argumentan que la violencia familiar es un problema global
y un asunto de salud pública. Rosich y Micciola (2021) sostienen que la ONU ha desempeñado un papel
importante en la lucha por la igualdad y en la definición de la violencia de género.
En el Perú, la violencia contra la mujer se ha convertido en una plaga persistente, a raíz del machismo,
los estereotipos y otros factores que generan muerte, daño y sufrimiento. En palabras de Durand et al. (2014), la
violencia implica relaciones de fuerza y dominación, configurándose como un fenómeno cíclico que puede afectar
a cualquier miembro de la familia, tal como sustentan Leal y Hernández (2024). Asimismo, Torrado (2020) señala
que tradicionalmente han predominado los lazos de consanguinidad en la protección del grupo familiar, integrado
por personas unidas por vínculos consanguíneos, amor y afecto, conforme afirman Carvajal y Torres (2024).
Frente a los altos índices de violencia, el Estado peruano creó la Ley 30364. Sin embargo, hasta la
actualidad persiste un número considerable de mujeres víctimas. Al respecto, Aguilar (2023) plantea la necesidad
de asistir a las víctimas mediante programas de recuperación, mientras que Laudano (2023) advierte dificultades
en su implementación, pues cada mujer experimenta la violencia de manera distinta, lo que complejiza la creación
de programas eficaces.
Cuando la agraviada denuncia hechos de violencia física o psicológica—conceptos vinculados al
supraconcepto de violencia familiar según Mendizábal (2020), se despliegan diversas acciones: toma de
declaración, elaboración de la ficha de valoración de riesgo, evaluaciones físicas y psicológicas, entre otras,
según la naturaleza del caso. Posteriormente, los actuados se ponen en conocimiento del juzgado competente
para el dictado de medidas de protección. Luego, el expediente es remitido a la Fiscalía, que evalúa si los hechos
corresponden a delito o falta. Si se trata de una falta, los actuados pasan al Juzgado de Paz Letrado. A partir de
ello, el juzgado cita a audiencia de juicio oral, instancia a la que, por lo general, no asisten ni el imputado ni la
agraviada, pese a los apercibimientos. Luego, se emite la resolución de archivo por desistimiento tácito.
Esta situación, en muchos casos, genera impunidad; la imposición de una futura pena contemplada en
nuestra normativa implica, para Fernández (2022), el ejercicio de fuerza. Por lo tanto, las razones por las que la
agraviada no concurre a la audiencia son múltiples: a) miedo o dependencia de su agresor, b) lejanía entre el
domicilio de la víctima y el juzgado, c) gasto económico en traslado, estadía y alimentación, d) falta de conciencia,
y e) perdón y reanudación de la relación. En la mayoría de los casos el agresor ejerce violencia económica y/o
patrimonial, terminologías que para Deere y León (2021) están interrelacionadas, pero que de ninguna manera
deben tratarse como iguales.
Por lo expuesto ut supra, el Estado, a través de las entidades correspondientes, desconoce las
dificultades que enfrentan las agraviadas para recurrir al sistema de justicia; por ejemplo, el difícil acceso vehicular
u otras limitaciones. En consecuencia, Stang y Stefoni (2022) explican que el rol del Estado es una arista
significativa en la resignificación de la violencia, a pesar de que Zamora et al. (2021) sostiene que las leyes deben
ejercerse con la finalidad de erradicar la violencia y sancionar a los agresores.
Como antecedentes nacionales, Bermúdez (2008) sostiene que la violencia contra la mujer es un
problema de derechos humanos. Por su parte, Tapia et al. (2024) consideran que el derecho penal se relaciona
con el fortalecimiento de la penalidad, persecución y castigo de la violencia. En cuanto a los antecedentes
3
internacionales, Guevara et al. (2021) exponen que, gracias a los procesos de profundización democrática, se
han evidenciado las barreras que enfrentan las mujeres para el goce pleno de sus derechos, así como las
dificultades en el acceso a la justicia. Rey (2021) defiende que los delitos de violencia presentan particularidades
que deberían incluirse en las normas penales mediante una tipificación diferenciada. Ochoa (2023) ante esta
problemática señala el riesgo de feminicidio.
En esa línea, se planteó como problema de investigación lo siguiente: ¿cuáles son las razones por las
que la víctima de violencia familiar no comparece a la audiencia penal por faltas en el Distrito de Huancarama?,
¿cuáles son las consecuencias que genera la decisión de la agraviada al no concurrir a la audiencia penal por
faltas? y ¿de qué manera los programas creados para la erradicación de la violencia contra la mujer llegan al
Distrito de Huancarama para brindar un acompañamiento integral a la víctima y sensibilizar a la población?
El estudio se inserta en el libro tercero –faltas– del Código Penal, Ley 30364 y la doctrina sobre violencia
contra la mujer. Cabe resaltar que, aunque hoy existen numerosos estudios y normas que regulan esta
problemática, el legislador ha omitido considerar las circunstancias en las que se encuentran las víctimas de
zonas altoandinas del Perú, especialmente en lo referido al acceso al aparato jurisdiccional, el monitoreo y
seguimiento a la víctima y la asistencia continua para una pronta recuperación. Esto se debe a que los programas
creados para la erradicación de la violencia están centralizados en ciudades grandes y algunas capitales
provinciales, mientras que su presencia en zonas altoandinas resulta limitada.
Finalmente, el objetivo de la investigación fue determinar las razones por las que la víctima de violencia
familiar no comparece a la audiencia penal por faltas en el Distrito de Huancarama, establecer las consecuencias
que genera su decisión de no asistir y explicar de qué manera los programas destinados a erradicar la violencia
contra la mujer llegan al distrito para brindar acompañamiento integral a la víctima y sensibilizar a la población.
Metodología
La investigación partió de un enfoque cualitativo, pues para Malvaceda et al. (2024), este enfoque ha
desarrollado líneas sólidas de indagación, dirigidas a la descripción de situaciones sociales, al análisis profundo
y a un punto de vista subjetivo. El diseño fue interpretativo; se empleó la técnica de la entrevista y la revisión
documental. La revisión documental se utilizó para realizar un examen sistemático de leyes, normas y doctrinas
especializadas en violencia familiar, así como el análisis de resoluciones emitidas por el Poder Judicial
relacionadas con el desistimiento tácito. Las fuentes se seleccionaron de las bases de datos Scopus, Google
Académico, Redalyc y Bibliotechnia, priorizando artículos con acceso a texto completo de los últimos cinco años.
La población estuvo conformada por diez víctimas de violencia familiar del Distrito de Huancarama,
quienes aportaron información esencial para abordar la problemática planteada. A partir de sus respuestas se
obtuvieron resultados vinculados a los objetivos de la investigación y a las conclusiones posteriores. En la
recolección de datos se utilizó una guía de entrevista aplicada a las víctimas, elaborada con cinco preguntas
semiestructuradas, las cuales permitieron encaminar la interacción. Para Hamui y Vives (2022), este tipo de
preguntas constituye ejes que atraviesan el tema de estudio. El muestreo fue intencional y no probabilístico,
seleccionándose a los participantes conforme a los objetivos del estudio.
Resultados
La falta de comparecencia de las víctimas de violencia familiar a la audiencia penal por faltas se convierte
en un cuello de botella que ralentiza y obstaculiza el aparato jurisdiccional. Es fundamental que la víctima muestre
una conducta activa en todo el devenir del proceso, lo que implica que, cuando se requiera su presencia, acuda
con diligencia, a fin de que el órgano jurisdiccional tenga un panorama más amplio para resolver la causa. No
obstante, ante la inconcurrencia a la audiencia de juicio oral por faltas, la escasez de medios probatorios y la falta
de acreditación de una justa causa para su incomparecencia —habiendo excedido ampliamente las 48 horas
siguientes—, el juez declara el desistimiento tácito de la querellante particular. Carvalho (2022) advierte la
necesidad de fortalecer la penalidad como sistema principal, así como la moral y lo justo, mientras que Aviram
(2020) identifica un progresismo punitivo.
En efecto, las víctimas de violencia enfrentan barreras para ejercer su derecho de acceso a la justicia. De
acuerdo con ONU (2018), estas son: niveles socioeconómicos, ubicación urbana o rural, analfabetismo, lejanía
geográfica, estereotipos de género, entre otros. Para Rosas y Ayala (2024), estas barreras se relacionan con la
discapacidad de la víctima, la pobreza y el género, que las coloca en un estado de hipervulnerabilidad. En cambio,
Acevedo et al. (2020) postulan que las barreras son económicas, sociales y culturales.
Cabe señalar que en el Distrito de Huancarama un gran porcentaje de mujeres víctimas de violencia
depende directamente de su agresor. Muchas se dedican al cuidado exclusivo de sus hijos y a las labores del
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hogar, situación que les imposibilita buscar oportunidades laborales. En consecuencia, el agresor es el único que
aporta económicamente al hogar y, al encontrarse en una posición de poder, la víctima termina subordinada a él.
La lejanía entre el domicilio de la víctima y el juzgado, la comisaría, el Instituto de Medicina Legal, los
centros de salud, entre otros, constituye una barrera para acceder a estos servicios. El Distrito de Huancarama
cuenta con diversas comunidades campesinas y centros poblados situados a una distancia considerable, lo que
obliga a la víctima a desplazarse de un lugar a otro, pagar transporte, alimentación y, en algunos casos, estadía.
Recurrir al sistema de justicia implica, un gasto económico significativo, especialmente cuando su situación
económica no permite costear estos desplazamientos.
El perdón y la reanudación de la relación con el agresor son una de las razones más frecuentes,
convirtiéndose en un ciclo de violencia. En este contexto, el perdón actúa como un mecanismo de supervivencia,
basado en la creencia de que el agresor cambiará. Al respecto, Rueda (2020) argumenta que el hecho de que la
violencia sea cometida por alguien unido por lazos afectivos implica mayor gravedad, ya que la agraviada debe
convivir con el recuerdo continuo de la agresión y, en muchos casos, con su agresor, al haber retomado la
relación.
Todo ello explica por qué la víctima no concurriría a la audiencia penal por faltas. En relación con el primer
objetivo específico, las consecuencias de su inasistencia constituyen un desistimiento tácito y, por ende, el archivo
del expediente judicial, aunque este criterio no es uniforme en todos los órganos jurisdiccionales. Sin
pronunciamiento sobre el fondo de la causa, no se obtiene sanción al agresor ni reparación de los daños.
Es menester sostener que las víctimas de Huancarama desconocen la existencia de leyes y programas
destinados a proteger a la mujer. Por ello, es relevante que al menos conozcan sus derechos y sepan cómo
actuar ante un hecho de violencia, con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, evitando que la víctima
se sienta desprotegida o adopte una actitud desidiosa frente a los hechos. Esto es especialmente importante
porque las víctimas no están en igualdad de condiciones: quien reside en la ciudad tiene más oportunidades de
atención integral que quien vive en zonas altoandinas.
Bajo esa tesitura, la investigación propone que el Estado preste especial atención a la sierra peruana,
donde persiste el machismo y los estereotipos con raíces históricas y culturales. Es fundamental crear un
programa denominado “Los Chasquis de la Justicia”: personas conocedoras del derecho que acudan a lugares
sin acceso vehicular, dirigiéndose a personas con discapacidad, madres gestantes, ancianos y vulnerables, para
brindar asesoría legal, acompañamiento integral, transporte para interponer denuncias, evaluación física y
psicológica, entre otras acciones donde sea fundamental su presencia.
A continuación, se plasma los resultados de las respuestas obtenidas en las entrevistas
semiestructuradas a las víctimas de violencia familiar:
Tabla 1
Resultados obtenidos de las entrevistas a víctimas de violencia familiar
Categorías
Resultados
Violencia Familiar
Entrevistadas: Concuerdan que la violencia se produce en el hogar, ya
sea física o psicológicamente, violencia que es ejercida generalmente por
la cabeza del hogar que viene a ser su pareja.
Incomparecencia a la audiencia
penal por faltas
Entrevistadas: Manifiestan que al ser víctimas de violencia familiar se
constituyeron a la dependencia policial para denunciar a su pareja, con
la creencia que con dicha denuncia sería el primer y último paso para
sancionar a su agresor. Sin embargo, las entrevistadas 1, 2 y 3 señalaron
que cuando asentó su denuncia le citaron para que pase su examen físico
y psicológico, empero, en ese transcurso su pareja le mostró su
arrepentimiento y ésta la perdonó, por lo tanto, no se constituyó a pasar
sus exámenes y tampoco concurrió a la audiencia.
Por su lado, las demás entrevistadas expresaron que su agresor les
implantó miedo, indicándoles que sus hijos se quedarían sin un padre
porque con su denuncia ingresaría a un establecimiento penitenciario y
no habría quien sustente económicamente el hogar, por lo que su agresor
le solicitaba a la agraviada retirar la denuncia o en otros casos la
amenazaba de muerte sino retiraba la denuncia, tal es así que la víctima
al tomar conocimiento que en los hechos de violencia no existe la
conciliación peor aún retirar su denuncia, ha optado por no contribuir con
las investigaciones, haciendo caso omiso a las notificaciones y las
citaciones a las audiencias, para después de un tiempo recibir una
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notificación de archivo de los hechos. Por otro lado, también revelaron
que recurrir al sistema judicial es un gasto económico, toda vez que
tienen que estar trasladándose de un lugar a otro, en vez de realizar los
quehaceres del hogar.
Erradicación de la violencia
Entrevistadas: Las víctimas coinciden en el desconocimiento de los
programas creados para la erradicación de la violencia, por cuanto, en su
comunidad nunca se hizo presente ningún programa que les haya
concientizado del tema de la violencia, es más, fue en el transcurso del
proceso que han tomado conocimiento de la secuela del proceso, esto,
al querer desistirse de su denuncia.
En efecto, de las entrevistas realizadas a las víctimas de violencia se refleja un consenso en el
desconocimiento del impacto que genera su decisión de no asistir a la audiencia penal por faltas, pues conseguir
el archivo de la causa no es la finalidad de la Ley 30364. Sin embargo, sienten cierta satisfacción cuando, por su
abandono de las diligencias, consideran que todo volverá a la normalidad y podrán seguir llevando una vida
familiar sin que se entrometa la justicia.
En efecto, el tema de la violencia contra las mujeres no es un problema reciente, sino que está arraigado
desde antaño con el machismo, cifras que muchas veces terminan en lamentables feminicidios.
Es innegable que el Estado, a través de los organismos públicos, ha creado diferentes programas para
la erradicación de la violencia; empero, dichos programas no están presentes en todos los distritos, como
Huancarama, donde la ausencia es palpable. Por ello, la falta de concientización se refleja en las denuncias
policiales, cuando las agraviadas manifiestan que los hechos no son la primera vez, pues tienen que esperar a
que la violencia se agrave para finalmente denunciar ante la instancia policial.
Por otra parte, los hallazgos permiten afirmar que si una víctima requiere usar los servicios del sistema
judicial o de la dependencia policial, debe desplazarse entre lugares por aproximadamente dos horas o más,
situación que le genera un gasto económico. Además, las víctimas a menudo se sienten desprotegidas y
decepcionadas por el trato del personal, la espera y demás trámites que implican los hechos anoticiados; de ahí
que la mejor solución para ellas sea quedarse en casa y evitar estas situaciones.
Por lo expuesto, es innegable que en la sierra peruana, incluidas las zonas altoandinas, la presencia del
Estado es írrita; por decirlo claramente, hay un evidente retraso en estas poblaciones, mientras que en las
ciudades grandes el despliegue de estos programas es rápido. Ni hablar cuando se trata de una figura pública o
una autoridad de alto renombre: en la sierra no existe ningún programa. Por ende, ¿cómo se pretende erradicar
la violencia si ni siquiera se comienza por zonas altamente vulnerables, donde la educación es deficiente y los
índices de pobreza y la baja oportunidad laboral son críticos?
La experiencia práctica permite abrir un panorama amplio respecto a esta plaga, que se mantiene latente
de generación en generación. Las acciones futuras no deben centrarse solo en zonas con alta población, sino,
por el contrario, empatizar con la población históricamente marginada por su color, raza, sexo o costumbres,
canalizando estas áreas como un foco a ser atendido con la misma diligencia que se da a situaciones de alto
impacto. Si así fuera, los índices de violencia bajarían significativamente.
Conclusiones
El acceso a la justicia para víctimas de violencia es dispar entre ellas, pues lamentablemente los
programas creados para la erradicación de la violencia están centralizados en ciudades grandes, olvidándose por
completo que la violencia en todos estos años tiene su principal origen en zonas altoandinas o campesinas, por
cuanto, de ahí es donde proviene el machismo, tal es así que hasta el día de hoy el Estado inadvertidamente a
excluido los programas y sistemas de justicia para la protección a la víctima de violencia en el Distrito de
Huancarama.
Las causas que aquejan en la agraviada para no concurrir a la audiencia penal por faltas, llegan a ser
una barrera en el ejercicio de sus derechos, los que funciona como condicionantes para ejercer con plenitud su
derecho y a vivir una vida libre de violencia. Por ende, es de suma importancia que el Estado adopte mecanismos
pertinentes y acertados para solucionar la problemática de la violencia, en atención a las particularidades de un
determinado grupo vulnerable, lo que implica, desplegar acciones donde las víctimas frente a un hecho de
violencia conozcan los medios o herramientas que el Estado ha dispuesto para su protección, pues de nada
servirá implementar programas donde la agraviada desconozca de su existencia, como es el caso del Centro de
Emergencia Mujer, en definitiva, la realidad social es otra o lo regulado normativamente, debido a ello, existe la
necesidad primordial de reforzar la protección en los sectores más vulnerables, creando espacios inclusivos
donde se trabaje los estereotipos de género, el patriarcado y la discriminación. En síntesis, resulta ser menester
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empoderar a las mujeres de la sierra peruana, para que éstas tengan mayor autonomía en las decisiones a tomar
frente a un caso de violencia.
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