Prevención de la violencia: relevancia jurídica del
principio de intervención inmediata en la Ley N.º 30364
Prevention of violence: Legal relevance of the principle of immediate
intervention in Law N.º 30364
Recibido: 12/07/2025 - Aceptado: 09/10/2025
Vaneza Huerta Leon
https://orcid.org/0000-0001-5583-9805
huertale@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
La investigación estudia la relevancia del principio de intervención inmediata en la prevención y erradicación de
la violencia contra mujeres y miembros del grupo familiar; mediante un enfoque cualitativo, que incluyó la revisión
normativa, doctrinaria y jurisprudencial, se examinó su eficacia como mecanismo de respuesta rápida tanto del
órgano judicial como de la policía frente a situaciones de violencia, a fin de garantizar la integridad física y
emocional de las víctimas, así como su recuperación mediante tratamientos psicológicos orientados a superar los
traumas ocasionados por la agresión. Se incorporaron los aportes de dos expertos, un abogado y un fiscal con
experiencia en casos judiciales, quienes manifestaron que, en la práctica, las autoridades competentes, ante
situaciones de riesgo, adoptan acciones céleres de protección para evitar la escalada del conflicto. Ambos
coincidieron en que la aplicación de este principio ha generado un impacto positivo en la atención de los casos;
sin embargo, destacaron que su eficacia real depende de factores estructurales, voluntad institucional,
capacitación y de los recursos disponibles. Los resultados evidencian que la diligente y oportuna intervención
judicial y policial para la protección de las personas agraviadas, garantiza su derecho a una vida libre de violencia.
En conclusión, agilizar el trámite de denuncias y la implementación de medidas de protección, como la prohibición
de acercamiento del agresor o su retiro del hogar mediante un proceso de tuición, contribuye a prevenir nuevos
episodios de violencia de género e intrafamiliar.
Palabras clave: prevención, violencia, principio
Abstract
The research studies the relevance of the principle of immediate intervention in the prevention and eradication of
violence against women and family members. Using a qualitative approach, which included a review of legislation,
doctrine, and case law, it examined its effectiveness as a rapid response mechanism for both the judiciary and the
police in situations of violence, in order to guarantee the physical and emotional integrity of victims, as well as their
recovery through psychological treatment aimed at overcoming the trauma caused by the aggression.
Contributions were made by two experts, a lawyer and a prosecutor with experience in court cases, who stated
that, in practice, the competent authorities take swift protective action in situations of risk to prevent the conflict
from escalating. Both agreed that the application of this principle has had a positive impact on the handling of
cases; however, they stressed that its actual effectiveness depends on structural factors, institutional will, training,
and available resources. The results show that prompt and timely judicial and police intervention to protect victims
guarantees their right to a life free of violence. In conclusion, streamlining the processing of complaints and the
implementation of protective measures, such as restraining orders or removal from the home through custody
proceedings, helps prevent further episodes of gender-based and domestic violence.
Keywords: prevention, violence, principle
Introducción
La violencia contra la mujer y los miembros de la familia tiene su origen en diversas causas, generalmente,
es ocasionada por estereotipos y por la discriminación de género hacia la mujer, así como por situaciones surgidas
dentro del mismo núcleo familiar, donde se abusa de la confianza, el poder y la responsabilidad, lo que afecta las
relaciones interpersonales. Para abordar este grave problema, se promulgó la Ley n.°30364 y su reglamento,
vigente en Perú a partir del año 2015, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia, a través de la
implementación de medidas adecuadas para la protección a las víctimas y sanciones a los agresores.
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La ley tratada en este artículo, en su orientación de prevenir los actos de violencia y garantizar la
seguridad de las víctimas contempla el principio de intervención inmediata, señalada en el inciso 4 del artículo 2,
juega un papel fundamental, promoviendo la adopción rápida y decidida de medidas para evitar que los actos de
violencia continúen, garantizando que las víctimas reciban protección de manera urgente. La intervención
inmediata no solo busca prevenir más daños, sino también reducir la percepción de impunidad y contribuir al
bienestar y seguridad de las víctimas, permitiéndoles retomar sus actividades cotidianas sin temor.
En el ámbito judicial y policial, este principio permite que las autoridades actúen con prontitud ante
situaciones de violencia. Abarca desde la recepción de la denuncia, la cual debe ser atendida con celeridad, hasta
la emisión de las medidas necesarias por parte del juez para proteger a la víctima. Por lo tanto, la pronta adopción
de decisiones judiciales ante situaciones de violencia resulta fundamental para impedir la continuidad de las
conductas agresivas, minimizando la exposición de las personas afectadas a nuevos riesgos. En tal sentido, se
enfatiza la necesidad de una actuación articulada entre el sistema de justicia y la Policía a fin de asegurar una
respuesta eficaz que salvaguarde la integridad de los agraviados.
En este contexto, el estudio tuvo como propósito abordar la relevancia del principio de intervención
inmediata en la prevención de la violencia, y su aplicación práctica con el objetivo de comprender su trascendencia
en la protección de las víctimas y su efectividad dentro del marco legal establecido por la Ley n.°30364. Se planteó
como problema de investigación la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relevancia del principio de intervención
inmediata según la Ley n.°30364 en la prevención de la violencia? El análisis a este problema, buscó destacar la
relevancia de la pronta actuación por parte de los operadores judiciales y la policía para evitar que el ciclo de
violencia continúe y cause más daño a las víctimas. Siendo el objetivo general determinar la importancia del citado
principio en la prevención de la violencia.
La justificación de la investigación se concentra en el análisis de la norma jurídica, también de la doctrina
y jurisprudencia con la finalidad de demostrar que el principio de intervención inmediata en los escenarios de
violencia, es una norma rectora para la prevención y erradicación de la misma y la protección oportuna de
víctimas. Socialmente, el estudio brindará soluciones a la problemática planteada y aportará al conocimiento del
tema.
Finalmente, la hipótesis plantea que la intervención inmediata asegura que jueces y policías actúen sin
demora en hechos de violencia de género y familiar, los primeros otorgando medidas de protección a víctimas y
los segundos tramitando con celeridad las denuncias y fichas para valorar el riesgo.
Metodología
Se adoptó un enfoque jurídico y cualitativo, basado en el análisis hermenéutico, que permitió estudiar en
profundidad las normas relevantes y revisar la literatura jurídica disponible en bases de datos indexadas
vinculadas al tema. Para la selección de fuentes doctrinarias y jurisprudenciales se establecieron criterios de
inclusión y exclusión; en tal sentido, se priorizaron doctrinas de autores que abordan asuntos de violencia de
género y, en el caso de la jurisprudencia, se seleccionaron resoluciones judiciales emitidas por juzgados
especializados en la materia entre los años 2019 y 2023, así como una sentencia del Tribunal Constitucional del
Perú que reforzó el análisis de este principio en la prevención de la violencia.
Del mismo modo, se consideraron pronunciamientos relevantes de organismos internacionales como
CEDAW, y en cuanto a la exclusión, no se tuvieron en cuenta fuentes carentes de sustento académico. Estos
criterios garantizaron la pertinencia y rigurosidad del material analizado, que permitieron comprender el problema
en su totalidad, explorando sus aspectos más importantes a fin de obtener información detallada del material
seleccionado a partir del análisis documental y de contenido, la cual se reforzó con la opinión de dos expertos,
un abogado y un fiscal con experiencia en casos judiciales, quienes brindaron una entrevista semiestructurada,
respondiendo las categorías relevantes como “intervención inmediata”; “prevención de la violencia”; y, “eficacia
del principio”. A partir de este procedimiento se logró sistematizar las percepciones de los entrevistados,
coincidiendo en que jueces y personal policial ante situaciones de riesgo de víctimas, adoptan medidas inmediatas
de protección y resguardo para evitar la escalada del conflicto. Ambos expertos sostuvieron que la aplicación de
este principio ha tenido un efecto positivo en la atención de los casos.
Para posicionar el enfoque cualitativo, se cita a Báez (2014), quien refiere que conocer y describir la
realidad desde un contexto específico es importante debido a que permite saber la relevancia de las instituciones
jurídicas y su impacto en la sociedad; con este enfoque, se explicó la importancia de los marcos normativos, lo
que resulta esencial para la construcción de un conocimiento profundo del tema; asimismo, la aplicación del
método hermenéutico va a facilitar la interpretación de los conceptos fundamentales del derecho, necesarios para
desarrollar de manera sólida la teoría que sustenta este trabajo.
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Resultados
Marco legal de la prevención de la violencia
La Ley n.° 30364 representa un avance trascendental para la prevención de la violencia hacia la mujer y
los miembros de la familia. Surge en respuesta a la creciente ola de violencia de género y familiar en el Perú.
Su objetivo es eliminar la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y/o económica que daña los derechos
fundamentales de las mujeres y la familia. Entre los principios rectores que establece, se destacan la
intervención inmediata y oportuna, con el fin de garantizar que las víctimas reciban atención sin dilaciones.
Bajo este lineamiento, los operadores de justicia están obligados a actuar con diligencia y eficiencia, de
modo que, en un plazo máximo de 24 a 48 horas, según lo evidenciado en la ficha de valoración de riesgo o en
los hechos denunciados, deben garantizar la protección efectiva de las víctimas y favorecer su estabilización y
recuperación integral. Tal como lo señala Melgarejo (2017), la respuesta pronta por parte del Estado se orienta a
frenar la violencia y prevenir daños mayores.
Reforzando esta postura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, “Belém do Pará”, firmada en 1994, y la CEDAW, exigen a los Estados el respeto de los derechos
humanos, pues reconocen acertadamente que la violencia contra la mujer afecta a todos los sectores de la
sociedad. Subrayan, además, que su erradicación es fundamental para lograr la igualdad y el desarrollo social e
individual. En esa perspectiva, el Perú, a través de sus órganos judiciales, está obligado a priorizar la atención
reforzada de los casos, brindando resguardo oportuno a los afectados, pues la demora puede acrecentar la
violencia. Así lo establece la Recomendación General n.° 19 de la CEDAW, la cual hace un llamado a los Estados
para que adopten medidas eficaces y apropiadas destinadas a combatir la violencia por razones de género,
proporcionando apoyo adecuado a las víctimas y capacitando permanentemente a magistrados y otros
funcionarios públicos para la óptima aplicación de las normas.
El principio de intervención inmediata
En relación con su naturaleza, Phang (2022) señala que este principio es fundamental en la lucha
contra la violencia de género y contra los integrantes del grupo familiar, pues exige que los jueces y la policía
actúen con la urgencia necesaria, dependiendo del riesgo que enfrente la víctima. Esto permite inferir que debe
priorizarse la acción sobre los trámites formales para cumplir la finalidad de resguardar la integridad de los
afectados.
Esta postura también es recogida por Torres (2016), quien sostiene que es derecho de la mujer vivir una
vida libre de violencia. Los jueces, por tanto, deben actuar con prontitud y desarrollar una investigación eficiente
para reparar a las personas afectadas. En ese propósito, es importante el compromiso y la labor proactiva de las
autoridades encargadas de hacer efectiva la Ley n.° 30364, asegurando la especialización, capacitación y
sensibilización del personal, así como la infraestructura y los servicios necesarios para viabilizar la protección y
el tratamiento de las víctimas. Coincide con esta posición Rojo (2022), quien remarca que las intervenciones
judiciales deben ser expeditas, no solo orientadas a que la respuesta sea rápida, sino también proporcional y
adecuada a las circunstancias de cada caso.
Las posturas antes mencionadas permiten vislumbrar que la correcta aplicación de este principio exige
un equilibrio entre la rapidez de la respuesta judicial y la efectividad de las medidas adoptadas. En ese sentido,
la responsabilidad no solo recae en los jueces, sino que también involucra a la Policía Nacional y a las demás
instituciones que señala la ley. Estos actores deben recibir la denuncia y, posteriormente, el juez debe implementar
las medidas judiciales de manera eficiente, tomando en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas y actuando con
sensibilidad en la atención de las denuncias.
Respecto a su importancia, Gallardo et al. (2022) sostienen que la tutela urgente, además de contribuir a
romper el ciclo de violencia, garantiza la seguridad de las mujeres y de los miembros del núcleo familiar. En la
misma línea, Alvarado et al. (2022) enfatizan que las autoridades involucradas, ante un escenario de violencia,
deben adoptar acciones prontas dentro de los plazos establecidos, a fin de resguardar de manera célere los
derechos de las personas agraviadas.
Asimismo, Silio (2023), reforzando lo aseverado, considera que el conocimiento y la aplicación del
principio de debida diligencia en casos de violencia implican inmediatez y celeridad en la atención desde el
momento en que se toma conocimiento del hecho, lo que incluye también el seguimiento a las víctimas para
garantizar la protección de su integridad.
De este modo, su adecuada aplicación en los casos de violencia constituye una vía eficaz para prevenir
futuras agresiones de género, al tiempo que favorece la simplificación de los procedimientos (Gallardo et al.,
2022; Amnistía Internacional, 2024). Para ello, se requiere la participación de jueces comprometidos con la
prevención, pues el binomio riesgo/prevención debe activarse cuando se alegue ser víctima de violencia
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(Ledesma, 2017). Lo anterior permite comprender que la acción decidida y rápida busca salvaguardar la integridad
de las víctimas.
Su efectividad desde la jurisprudencia
En el sistema judicial peruano, los distintos juzgados han abordado este principio de manera relevante,
un ejemplo de ello es el expediente n.°201-2023-0-0601-JM-FT-01-La Libertad, en el que se destacó que la
violencia en el ámbito familiar, así como en otros espacios en los que se manifiesta, exige una intervención
inmediata y oportuna por parte del Estado, orientada a sancionar, prevenir y erradicar dichos actos; en ese marco,
la judicatura cumple un rol fundamental al tramitar estas causas, iniciando el proceso desde la recepción de la
denuncia, con el propósito de garantizar una respuesta rápida y adecuada que proteja a las víctimas y evite
demoras que agraven su situación.
En la misma línea, en el expediente n.°00091-2020-18-101-SP-FT-01-La Libertad se sostuvo que la
violencia constituye un problema grave, en tanto vulnera directamente los derechos fundamentales de víctimas,
por lo tanto, la intervención debe ser preventiva y rápida.
De la misma forma, en el caso n.°193-2022-0-0902-JM-FC-Lima Norte, se subrayó la importancia del
principio para tutelar a los afectados de manera inmediata, permitiendo que reciban protección sin que se vean
expuestos a mayores riesgos, pues lo que se pretende es mitigar los efectos de la violencia y asegurar su
bienestar. Asimismo, en el expediente n.°06050-2021-68-1601-La Libertad, también se precisó que las medidas
de protección deben ser otorgadas con celeridad, debido a que resulta fundamental evitar daños irreparables.
En consecuencia, las cuatro resoluciones judiciales constituyen una muestra de protección a las víctimas
mediante la adopción de medidas idóneas que interrumpen el ciclo de violencia y les permiten retomar su vida
cotidiana con normalidad. En concordancia con ello, el Tribunal Constitucional, en el expediente N°03378-2019-
PA-TC, ha enfatizado que el dictado de medidas de protección está orientado a neutralizar los efectos nocivos de
la violencia.
Desde el derecho comparado
En América, varios países han promulgado normativas para proteger a las mujeres y las familias de la
violencia, implementando mecanismos de prevención y sanción. En Ecuador, la Ley Orgánica Integral para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y sus reformas tienen como objetivo principal garantizar la
protección y atención integral e inmediata a las víctimas; además, dispone que los procedimientos deben
desarrollarse con celeridad, eliminando trámites que obstaculicen una respuesta oportuna.
En Colombia, la Ley N°1257 de 2008 regula la protección de los derechos de las mujeres víctimas de
violencia, establece un marco jurídico para asegurar que las mujeres reciban la atención adecuada a través
medidas de protección, asistencia a víctimas y sanción a agresores; al igual que en Ecuador, la celeridad en los
procesos es un principio fundamental para garantizar que las víctimas no se vean expuestas a mayores riesgos.
México, a través de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007), y sus
reformas implementaron un sistema de prevención, sanción y erradicación; contempla medidas preventivas y de
atención, asegurando que la violencia sea enfrentada de manera integral y con celeridad.
Estas normativas reflejan el compromiso de los países de proteger a las mujeres y familias frente a la
violencia, toda vez que además de responder a obligaciones internacionales, buscan frenar la creciente ola de
agresiones que afecta a este sector vulnerable; en este marco, la celeridad en los procesos judiciales es un rasgo
común en todas ellas, incluido el Perú, lo que evidencia la urgencia de actuar con prontitud ante estas situaciones.
Posición de los expertos desde la experiencia práctica
Se entrevistó a través de preguntas semiestructuradas a profesionales del derecho, conocedores del
tema, especialistas en asuntos de violencia, obteniéndose el siguiente resultado:
Tabla 1
Resultados por expertos en la entrevista
Categorías
Resultados
El principio de intervención
inmediata en la prevención de la
violencia
Entrevistado 1. Es el deber que tienen las autoridades de actuar sin demora
y de forma eficaz, tan pronto como se identifique una situación de riesgo de
violencia con el fin de proteger a la víctima y evitar que escale el conflicto.
Entrevistado 2. Es la obligación del Estado de adoptar sin dilación las
medidas de protección necesarias e idóneas para garantizar una vida libre
de violencia a las víctimas.
Normativas que respaldan este
principio
Entrevistado 1. La Ley N°30364, y su reglamento, así como la Constitución
Política.
Entrevistado 2. La ley N°30364 y su reglamento.
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Instituciones llamadas a actuar
en virtud de este principio
Entrevistado 1. La policía nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio
Público.
Entrevistado 2. La policía nacional, el Ministerio Público, en la atención de
la denuncia e identificación de los factores de riesgo mediante aplicación de
las fichas correspondientes y esencialmente el Poder Judicial en la emisión
oportuna de medidas.
Situaciones en las que se
requiere una intervención
inmediata para prevenir la
violencia
Entrevistado 1. Amenazas de agresión física y psicológica, agresiones
recientes, presencia de menores de edad en situación de riesgo, violencia
sexual, tentativa de feminicidio.
Entrevistado 2. La existencia de actos de violencia física evidentes,
merecerán la atención inmediata y oportuna.
Entrevistado 1. Protege la vida e integridad física y psicológica; rompe el
ciclo; fortalece la confianza de las víctimas en el sistema de protección;
previene daños psicológicos a largo plazo; evita la revictimización.
Entrevistado 2. Evita las escaladas de violencia y principalmente aseguran
la integridad física y psicológica.
Cómo influye la actuación
rápida en la prevención de la
violencia
Entrevistado 1. Se ha generado impacto positivo en la atención de casos
de violencia, pero su eficacia real depende en gran medida de factores
estructurales, voluntad institucional, capacitación y recursos.
Entrevistado 2. Cuando es aplicado adecuadamente con la debida
identificación de los factores de riesgo, es una herramienta efectiva, para
evitar la escalada de violencia.
Eficacia del principio desde la
experiencia judicial y fiscal
La entrevista realizada a dos profesionales que, desde la práctica, conocen estos temas (e.1, un fiscal, y
e.2, un abogado) revela una comprensión compartida y fundamentada del principio de intervención inmediata, ya
que ambos lo conciben acertadamente como una obligación de las instituciones de actuar sin dilaciones ante la
identificación de situaciones de riesgo de violencia, con el fin de garantizar la protección integral de las víctimas
y evitar la escalada del conflicto. Asimismo, señalaron que los entes llamados a actuar en virtud de este principio
incluyen a la policía y al poder judicial, cada uno con funciones específicas en la prevención y respuesta ante la
violencia. Finalmente, destacaron que la aplicación de este principio cobra relevancia en situaciones de
amenazas, agresiones, violencia sexual, tentativa de feminicidio y riesgo para los menores de edad, escenarios
en los que la intervención oportuna resulta trascendental.
Discusión
Los hallazgos obtenidos permiten afirmar que el principio de intervención inmediata constituye un eje
central en la misión de prevención de la violencia. Asimismo, al contrastar la normativa con la doctrina y la
jurisprudencia, se evidencia que la norma no solo responde a la necesidad de actuar frente a la violencia de
género y familiar, sino que también incorpora compromisos internacionales derivados de la Convención de Belém
do Pará y la CEDAW, que exigen a los Estados actuar con debida diligencia y mediante mecanismos judiciales
efectivos para garantizar la seguridad de las víctimas (CEDAW, 1992; Belém do Pará, 1994).
Desde la perspectiva doctrinaria, autores como Phang (2022) y Torres (2016) coinciden en que la
inmediatez en la actuación judicial y policial busca eliminar trámites burocráticos y priorizar la seguridad de las
víctimas. Este planteamiento se complementa con lo señalado por Rojo (2022), quien subraya que la celeridad
debe ir acompañada de proporcionalidad en las medidas de protección, pues una respuesta meramente rápida
pero no efectiva puede resultar insuficiente para frenar la violencia. De este modo, la doctrina refuerza la
necesidad de conjugar rapidez con eficacia.
En el plano jurisprudencial, se observa que la judicatura especializada en el tema ha consolidado la
aplicación práctica de este principio. Se reconoce la urgencia de dictar medidas de protección en plazos de 24 a
48 horas, lo cual se alinea con los mandatos de la Ley n.° 30364 y responde a los estándares internacionales de
protección de derechos humanos (Exp. n.° 03378-2019-PA-TC). Esta convergencia normativa y judicial evidencia
un esfuerzo institucional por neutralizar los efectos de la violencia antes de que se agraven, aunque también se
advierten desafíos en materia de infraestructura, capacitación y sensibilidad de los operadores de justicia, como
lo señalan Gallardo et al. (2022).
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Por su parte, el derecho comparado muestra que países como Ecuador, Colombia y México han adoptado
medidas similares, colocando la inmediatez y la celeridad como principios fundamentales en sus leyes de
protección. Estas experiencias refuerzan la pertinencia del modelo peruano, aunque también se debe enfatizar
que la eficacia real depende no solo de la existencia de un marco legal, sino de la capacidad de los operadores
judiciales para actuar con rapidez y sensibilidad. La coordinación entre la policía y la judicatura, así como la
asignación de recursos que permita una atención integral y sostenida en el tiempo, son aspectos indispensables.
Las entrevistas a los profesionales (e.1 fiscal y e.2 abogado) refuerzan esta perspectiva, al coincidir en
que dicho principio implica la obligación del Estado de actuar sin dilaciones frente a situaciones de riesgo, pues
la pronta intervención adquiere especial relevancia en casos de amenazas, agresiones, violencia sexual, tentativa
de feminicidio, escenarios en los que la celeridad resulta determinante para evitar la escalada del conflicto, incluso
considero que ante estas situaciones se deben adoptar acciones como el retiro del hogar del agresor o
prohibiciones de acercamiento; por ello se debe subrayar que una actuación rápida impacta directamente en la
protección de la integridad física y emocional de las víctimas.
En esa línea, tanto la evidencia normativa como la experiencia práctica coinciden en la necesidad de
fortalecer la articulación interinstitucional, promover la capacitación especializada y asegurar la aplicación
sistemática de las fichas de valoración de riesgo, de modo que el principio de intervención inmediata no solo sea
reconocido en la norma, sino que se materialice como una respuesta eficaz frente a la violencia de género y
familiar.
Conclusiones
El principio de intervención inmediata, si bien constituye un eje esencial en la prevención de la violencia
de género y familiar, en concordancia con compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de
Belém do Pará, debe ir acompañado de eficacia y proporcionalidad, de modo que las medidas de protección sean
rápidas, pero también efectivas y garanticen el bienestar de las víctimas. Una problemática que no se puede
soslayar es que el logro de su plena eficacia exige jueces y policías capacitados en el tema, que puedan atender
sin postergación las denuncias y, seguidamente, se otorguen medidas a partir de un conocimiento contextualizado
de cada caso.
Con relación a los testimonios de los profesionales entrevistados, son acertados porque reafirman que la
celeridad procesal y la coordinación interinstitucional son condiciones esenciales para garantizar una respuesta
efectiva en contextos de riesgo. Por lo tanto, la consolidación de este principio como mecanismo de protección
integral frente a la violencia tiene que seguir fortaleciéndose con la finalidad de asegurar una implementación
sostenida y eficaz en la práctica judicial.
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