Con el propósito de abordar la creciente vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas (MiPymes) ante la

expansión del crimen organizado en América Latina, este trabajo tuvo como objetivo analizar las tendencias

integran de forma sinérgica herramientas de gobernanza abierta, el uso de videovigilancia inteligente, el

fortalecimiento de redes comunitarias de prevención y la implementación de programas de acompañamiento

directo a los emprendedores. En síntesis, la investigación concluye que una gestión municipal efectiva requiere

trascender el enfoque puramente reactivo para consolidar marcos de actuación que integren tecnología,

transparencia y colaboración público-comunitaria, entendiendo la protección de las MiPymes como un eje central

approaches, results obtained, and the participation of public and private actors. The main findings show that the

most effective management strategies are those that synergistically integrate open governance tools, the use of

intelligent video surveillance, the strengthening of community prevention networks, and the implementation of

direct support programs for entrepreneurs. In summary, the research concludes that effective municipal

management requires moving beyond a purely reactive approach to consolidate frameworks for action that

integrate technology, transparency, and public-community collaboration, understanding the protection of MSMEs

problemática central radica en que estos negocios operan en un entorno de gobernanza híbrida, atrapados entre

las demandas de grupos criminales que actúan como reguladores de facto y la presencia, con frecuencia frágil o

insuficiente, de las instituciones estatales. Esta situación genera un vacío de poder que obliga a los

microempresarios a diseñar estrategias de supervivencia en un clima de miedo e incertidumbre, lo cual limita la

que aún son escasos los estudios sistemáticos que evalúen la efectividad de las intervenciones y políticas

públicas orientadas a proteger a este sector vulnerable (Padilla et al., 2022). Su estudio resulta de gran relevancia

tanto económica como social. En el plano económico, el crimen y la violencia imponen costos devastadores: se

estima que el impacto directo e indirecto en América Latina superó el 3.4 % del PIB regional en 2022, siendo el

la negociación y el pago hasta la resistencia, según el capital material, social y simbólico con el que cuenten (Bull

et al., 2024). La literatura también evidencia que, a pesar de la presión estructural, la acción local resulta decisiva:

las empresas que se apoyan en redes institucionales sólidas muestran una mayor capacidad de resiliencia frente

alarmante de la violencia estructural, alcanzando en 2023 una tasa de homicidios de aproximadamente 45.1 por

cada 100,000 habitantes, una de las más altas de la región (Bisca et al., 2024; Loaiza, 2024). La extorsión ha

seguido un patrón similar: entre 2022 y 2023 las denuncias aumentaron un 364 % (Macias, 2024). Este fenómeno

afecta de manera desproporcionada a las economías locales: en la región costera, tres de cada diez negocios

fueron extorsionados en 2023 (Loaiza, 2024), y en localidades como El Empalme, los emprendedores reportaron

entre 2015 y 2025, con el fin de mapear y sintetizar las intervenciones municipales orientadas a proteger a las

MiPymes frente a la extorsión criminal. En particular, se examinarán las competencias municipales, el uso de

herramientas de vigilancia y seguridad, los mecanismos de denuncia, los programas de fortalecimiento

empresarial y los modelos de co-gobernanza comunitaria. Al centrarse en evidencia empírica, esta investigación

busca establecer un marco teórico-práctico que sirva de guía para el diseño, implementación y evaluación de

cualitativos y cuantitativos, cumpliendo con los estándares de rigor académico propuestos por la guía PRISMA

(“extorsión” OR “extortion”) AND (“microempresa” OR “microenterprise” OR “MiPyME”) AND (“Ecuador” OR “Latin

America”). También se incluyeron términos amplios como “seguridad local” y “municipio”, junto a descriptores

evaluaciones de intervenciones municipales relacionadas con la extorsión; (c) investigaciones desarrolladas en

Ecuador o América Latina; y (d) textos en español o inglés con acceso completo. Se aplicaron como criterios de

exclusión: (a) trabajos anteriores a 2015 o posteriores a 2025; (b) literatura no arbitrada, salvo documentos de

organismos internacionales de reconocido prestigio; (c) estudios centrados exclusivamente en crimen organizado

sin vínculo municipal o microempresarial; y (d) análisis teóricos sin evidencia empírica ni reflexión sobre impactos

públicas, y la escala ROBIS, con el fin de identificar sesgos en la selección y síntesis de evidencia. Se estableció

un índice de fiabilidad interevaluador mediante el coeficiente Kappa (κ > 0.8), lo cual garantiza consistencia en la

organizados en un meta-análisis descriptivo —por ejemplo, relación entre presupuestos municipales destinados

a seguridad y tasas de denuncia— cuando existían al menos tres estudios comparables. Los resultados

cualitativos, como experiencias de videovigilancia o participación ciudadana, fueron analizados mediante síntesis

literatura. La búsqueda se enfocó en trabajos que abordaran la gestión municipal, la protección de las MiPymes