Garantías procesales y debido proceso: rol central de
la imputación en el sistema penal peruano
Procedural safeguardsand due process: the central role of indictment in
the Peruvian criminal justice system
Recibido: 10/08/2025 - Aceptado: 08/11/2025
Jordy Yampier Marchena Cabanilla
https://orcid.org/0009-0000-2777-3861
jmarchenac539@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo. Lima, Perú
Resumen
En el sistema de justicia penal peruano, el principio de imputación específica ha adquirido especial relevancia por
su impacto en la garantía del debido proceso. Diversos estudios advierten que las deficiencias en la formulación
de cargos por parte de algunos operadores jurídicos generan confusión, inseguridad jurídica y decisiones
judiciales inconsistentes. Tales deficiencias repercuten de manera directa en la defensa del imputado y en la
coherencia del proceso penal, especialmente en casos complejos, pues la ausencia de delimitaciones claras en
las acusaciones deriva en resoluciones contradictorias que comprometen la seguridad jurídica y erosionan la
coherencia del sistema. La investigación, desarrollada bajo un enfoque cualitativo de carácter documental-
interpretativo, empleó los métodos dogmático y hermenéutico, complementados con entrevistas
semiestructuradas a jueces, fiscales y abogados defensores seleccionados por su experiencia en litigación penal.
A partir de estos hallazgos, se sostiene que el respeto estricto del principio de imputación específica constituye
una condición esencial para garantizar un proceso penal equilibrado y compatible con los estándares
constitucionales. Asimismo, el análisis evidenció que la falta de imputaciones claras propicia escenarios de
indefensión, dilata los procedimientos y reduce la calidad del debate jurídico, afectando la uniformidad y
legitimidad de las resoluciones. Se concluye que la observancia de dicho principio es indispensable para asegurar
un proceso penal acorde con los estándares constitucionales. Más allá de ajustes normativos, se requiere
fomentar una cultura institucional basada en la precisión técnica, la capacitación continua y el compromiso ético
de los operadores de justicia, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del imputado.
Palabras clave: imputación específica, debido proceso, proceso penal.
Abstract
In the Peruvian criminal justice system, the principle of specific charges has become particularly important due to
its impact on the guarantee of due process. Various studies warn that deficiencies in the formulation of charges
by some legal practitioners lead to confusion, legal uncertainty, and inconsistent judicial decisions. Such
deficiencies have a direct impact on the defense of the accused and on the consistency of the criminal process,
especially in complex cases, since the absence of clear boundaries in the charges leads to contradictory rulings
that compromise legal certainty and erode the consistency of the system. The research, developed using a
qualitative documentary-interpretive approach, employed dogmatic and hermeneutic methods, complemented by
semi-structured interviews with judges, prosecutors, and defense attorneys selected for their experience in criminal
litigation. Based on these findings, it is argued that strict adherence to the principle of specific charges is an
essential condition for ensuring a balanced criminal process that is compatible with constitutional standards.
Likewise, the analysis showed that the lack of clear charges leads to scenarios of defenselessness, delays
proceedings, and reduces the quality of legal debate, affecting the uniformity and legitimacy of rulings. It is
concluded that observance of this principle is indispensable to ensure criminal proceedings in accordance with
constitutional standards. Beyond regulatory adjustments, it is necessary to foster an institutional culture based on
technical precision, continuous training, and the ethical commitment of justice operators in order to safeguard the
fundamental rights of the accused.
Keywords: specific charge, due process, criminal proceedings.
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Introducción
En los sistemas de justicia penal actuales, uno de los principales desafíos es la persistente falta de
precisión en la formulación de imputaciones, lo que afecta el derecho de defensa y el debido proceso (García &
Ocaña, 2024). Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) sostienen que toda persona investigada debe conocer con claridad los hechos
atribuidos. Así, el principio de imputación específica no es una formalidad, sino una garantía que asegura la
contradicción y la igualdad procesal (Izaguirre, 2024).
Este principio cumple una función esencial en el modelo acusatorio, pues delimita la conducta imputada
y restringe el poder punitivo del Estado, evitando arbitrariedades (Centellas, 2022). Aunque países como
Argentina, México y Colombia lo reconocen, su aplicación enfrenta dificultades, sobre todo en las etapas iniciales
del proceso penal (Durán & Henríquez, 2021). En esta fase suelen presentarse imputaciones vagas o
insuficientemente sustentadas, lo que limita la defensa y afecta la imparcialidad judicial. Almanza (2022) advierte
que la falta de control permite acusaciones basadas en presunciones débiles, afectando la transparencia del
sistema.
En el Perú, aunque el Nuevo Código Procesal Penal instauró un modelo garantista (Abanto, 2021),
persisten deficiencias relevantes. El artículo 139, inciso 14, de la Constitución y el artículo 71 del NCPP reconocen
este principio; sin embargo, muchas fiscalías continúan formulando imputaciones ambiguas y sin sustento
probatorio (Calderón, 2022). Ello afecta la defensa, convierte audiencias preliminares en simples trámites y amplía
la discrecionalidad del Ministerio Público (Navarrete & Arenas, 2020).
La jurisprudencia también ha advertido esta problemática. El Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116 señala
que la falta de precisión puede generar nulidades absolutas al restringir la defensa (Figueroa & Piélago, 2020).
Por ello, la imputación concreta es un requisito estructural que otorga legitimidad al proceso penal.
Pese al marco normativo, esta situación evidencia una cultura jurídica aún distante del constitucionalismo
procesal contemporáneo. Imputaciones imprecisas y sin respaldo probatorio vulneran el equilibrio procesal y
erosionan la confianza ciudadana (Guerreros et al., 2024).
En este contexto, la investigación plantea: ¿en qué medida la aplicación adecuada del principio de
imputación específica en la etapa preliminar fortalece el debido proceso? Para responder, se adopta un enfoque
jurídico-doctrinal y filosófico basado en doctrina, normativa, jurisprudencia y entrevistas a jueces, fiscales y
abogados penalistas, con el fin de formular propuestas que optimicen la práctica procesal y garanticen un sistema
penal más justo y transparente.
Metodología
El estudio busca examinar en profundidad el principio de imputación específica y demostrar que no
constituye una simple formalidad, sino una garantía constitucional que sustenta la legitimidad del proceso penal
peruano. Para ello se diseñó una metodología cualitativa con componente empírico que permitió recoger
percepciones y experiencias de actores vinculados al sistema de justicia penal.
Desde el plano teórico, se empleó el método dogmático para analizar los fundamentos conceptuales,
doctrinales y normativos del principio dentro del modelo procesal acusatorio peruano. Este enfoque se
complementó con el método hermenéutico, orientado a interpretar la normativa aplicable y los principales criterios
jurisprudenciales nacionales e internacionales, integrando diversas perspectivas para construir un análisis
coherente y crítico.
Se realizó además una revisión documental selectiva de fuentes académicas especializadas: artículos
científicos, monografías, tesis, documentos institucionales y tratados internacionales. Esta búsqueda permitió
fortalecer los fundamentos conceptuales y delimitar el alcance doctrinal y normativo del principio.
En el componente empírico, se efectuaron entrevistas semiestructuradas a cinco especialistas en derecho
penal: dos jueces, un fiscal superior y dos abogados con amplia experiencia en litigación. Los participantes fueron
seleccionados mediante muestreo intencional, priorizando su experticia. Las preguntas abiertas permitieron
obtener valoraciones cualitativas sobre la aplicación práctica del principio de imputación específica en los
procesos penales actuales.
En síntesis, la estrategia metodológica integró aportes teóricos y hallazgos empíricos, ofreciendo una
comprensión amplia del problema. Este enfoque reveló limitaciones estructurales del sistema penal y generó
insumos para proponer ajustes normativos y reformas institucionales necesarias para garantizar la efectividad del
principio y fortalecer la legitimidad y transparencia del proceso penal peruano.
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Resultados y discusión
I. Fundamentos conceptuales y perspectivas teóricas sobre la imputación específica
El estudio del principio de imputación específica requiere una mirada que trascienda el formalismo y
reconozca su papel como garantía estructural del debido proceso penal. Su correcta aplicación no solo protege
el derecho de defensa, sino que también sostiene la legitimidad del sistema de justicia. Diversas corrientes
doctrinales —garantismo penal, Estado constitucional, epistemología jurídica y teoría del caso— coinciden en que
toda acusación debe formularse con claridad, precisión y sustento jurídico suficiente.
Desde el garantismo penal, Ferrajoli (2010) enfatiza que la imputación concreta limita el poder punitivo
del Estado, evitando arbitrariedades y garantizando una defensa efectiva. La teoría del Estado constitucional
(García, 2010) señala que las acusaciones imprecisas lesionan la legalidad y la seguridad jurídica, afectando la
previsibilidad del proceso. En el plano epistemológico, Hessen et al. (1981) y Moncada (2019) sostienen que la
precisión en los cargos ordena el razonamiento judicial y evita decisiones especulativas. Para la teoría del caso,
la imputación articula la hipótesis acusatoria y guía la actividad probatoria (Abanto, 2021).
En conjunto, estos enfoques evidencian que la imputación específica es un pilar esencial del proceso
penal, indispensable para garantizar derechos, orientar el debate judicial y preservar la legitimidad constitucional.
II. Configuración normativa y fundamentos teóricos del principio de imputación específica
El principio de imputación específica es esencial para que toda persona investigada conozca con claridad
los hechos y su calificación jurídica, posibilitando una defensa plena. Desde un enfoque funcional, obliga al
Ministerio Público a formular atribuciones inequívocas y coherentes con el ordenamiento penal, evitando
ambigüedades que generen inseguridad jurídica (Correas, 1989).
Guerreros et al. (2024) y Calderón (2022) destacan que una deficiente identificación de hechos o sujetos
afecta la equidad procesal y el principio de contradicción. Desde una perspectiva filosófica, Almanza (2022), en
clave kantiana, sostiene que la imputación afirma la dignidad y autonomía del individuo, otorgándole el estatus
de sujeto responsable.
El principio integra tres dimensiones:
1. Legal, que exige cargos claros y congruentes.
2. Racional, que demanda coherencia y respaldo objetivo.
3. Axiológica, que salvaguarda la dignidad humana.
Así, cumple una función cognitiva, normativa y ética, constituyéndose en una garantía estructural que
legitima la acusación y el proceso penal.
III. Estructura técnica de la imputación: elementos constitutivos y coherencia argumentativa
Una imputación válida requiere articular coherentemente tres componentes: la descripción de hechos, el
encuadre normativo y el sustento probatorio. Su solidez depende de establecer una relación lógica entre estos
elementos.
Conforme a San Martín (2000), el relato fáctico debe vincularse directamente con los elementos del tipo
penal, incluyendo aspectos objetivos y subjetivos. En delitos con componentes valorativos, Baytelman y Duce
(2004) subrayan la necesidad de un análisis más preciso, donde la intencionalidad se determine a partir de un
conjunto de circunstancias coherentes.
Según Mendoza (2011), la imputación debe integrar relato e interpretación jurídica de manera armoniosa
y sustentarse en evidencias que acrediten su plausibilidad. Sin este respaldo, la acusación resulta ilegítima y
coloca al investigado en indefensión.
En síntesis, una imputación eficaz requiere coherencia narrativa, calificación jurídica adecuada y base
probatoria verificable, garantizando así el derecho de defensa y el respeto al debido proceso.
IV. Configuración jurídica de la imputación: criterios esenciales y función del control judicial
La validez de una imputación penal exige condiciones estructurales que aseguren su legitimidad. En el
Recurso de Nulidad N.° 2823-2015, la Corte Suprema estableció tres criterios esenciales: exposición clara de los
hechos, lenguaje comprensible y correspondencia entre conducta y tipo penal. Estos lineamientos permiten que
el imputado conozca los cargos y ejerza defensa desde etapas iniciales.
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Sin embargo, la validez no depende solo de la forma: requiere un sustento probatorio razonable que
otorgue verosimilitud a la acusación (Mendoza, 2011). En delitos complejos, como corrupción, este sustento
puede basarse en indicios múltiples que, integrados lógicamente, permitan sostener la imputación.
Así, una imputación válida debe articular hechos, norma, lenguaje claro y evidencia suficiente
(Hernández, 2005), garantizando un proceso legítimo y ajustado al Estado constitucional de derecho (Valle, 2022).
V. La imputación específica como garantía estructural del debido proceso penal
En el proceso penal peruano, la imputación específica es una garantía sustantiva que legitima el ejercicio
del ius puniendi. Delimita el conflicto penal y permite al investigado comprender los hechos y normas que
sustentan los cargos, asegurando igualdad procesal y transparencia.
Sandoval (2022) entiende el debido proceso como un conjunto de garantías materiales orientadas a la
protección de derechos. En concordancia, Alfaro et al. (2020) sostienen que la acusación debe seguir criterios
normativos claros. El Auto de Apelación N.° 99-2024 reafirmó que imputaciones ambiguas vulneran el derecho de
defensa (CSJ, 2024). Normativamente, la Constitución y el Código Procesal Penal exigen una comunicación
detallada y acompañada de elementos de convicción.
No obstante, Juárez et al. (2023) advierten que la eficacia del principio depende también del compromiso
ético de jueces y fiscales. Los hallazgos del estudio muestran una brecha entre el marco normativo garantista y
la práctica cotidiana, donde persisten deficiencias que obstaculizan su aplicación (García & Ocaña, 2024).
En consecuencia, la imputación específica vincula el derecho penal sustantivo y el procesal, asegurando
que la persecución penal se desarrolle con racionalidad, legalidad y respeto a la dignidad humana. La doctrina,
la jurisprudencia y los tratados coinciden en que constituye un pilar esencial del debido proceso y una condición
indispensable para la legitimidad del sistema de justicia.
VI. Congruencia procesal y sentencia justa: equilibrio entre acusación y decisión judicial
En el marco del proceso penal peruano, la relación entre la acusación formulada por el Ministerio Público
y la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional constituye un eje esencial para la legitimidad del juicio. Este
vínculo se garantiza a través del principio de congruencia procesal, según el cual la decisión judicial debe
circunscribirse estrictamente a los hechos comunicados al imputado. De acuerdo con el Acuerdo Plenario N.° 6-
2009/CJ-116, la condena debe basarse únicamente en los hechos previamente informados al inculpado (Corte
Suprema de Justicia de la República, 2009). Este principio resguarda el derecho de defensa al impedir que el juez
introduzca elementos nuevos o no notificados.
El principio de congruencia no responde a una exigencia formal, sino a una garantía sustantiva que
asegura la efectividad del derecho de defensa. Cuando el juez modifica los hechos o incorpora aspectos distintos
a los planteados en la imputación, se afecta la igualdad de armas y se genera indefensión material. En esta línea,
Bautista (2021) sostiene que la correspondencia entre acusación y sentencia constituye un mecanismo
indispensable para garantizar un proceso penal justo, transparente y equilibrado.
Su alcance también se ha consolidado a nivel internacional. En el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la correspondencia entre los cargos formulados y
la sentencia es una condición esencial del debido proceso, pues solo conociendo los hechos y fundamentos
normativos puede el acusado ejercer una defensa efectiva (Corte IDH, 2005).
A nivel interno, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han sostenido que una acusación
vaga o incoherente vulnera el principio de contradicción y compromete la validez de la sentencia. Si los hechos
no son precisos, el imputado carece de herramientas suficientes para rebatir la acusación, debilitando así el
modelo acusatorio previsto por la Constitución y el Código Procesal Penal.
El respeto al principio de congruencia es, por tanto, un pilar de la justicia penal. La coherencia entre lo
acusado y lo resuelto no solo protege los derechos del procesado, sino que fortalece la transparencia institucional
y la confianza pública. Cuando esta garantía se vulnera —por la incorporación de hechos no imputados o por la
alteración de la base fáctica— se compromete la validez del fallo y se cuestiona la legitimidad de todo el proceso
penal.
El contenido del Acuerdo Plenario N.° 6-2009/CJ-116, junto con los precedentes de la Corte
Interamericana y el Tribunal Constitucional, consolidan una doctrina uniforme: nadie puede ser condenado por
hechos distintos a los formalmente atribuidos. La congruencia entre acusación y sentencia constituye, así, una
manifestación material de la equidad procesal y del deber constitucional de motivar las decisiones judiciales.
En suma, este principio no puede reducirse a un tecnicismo procesal. Representa una garantía estructural que
refleja los valores esenciales del proceso penal garantista —la previsibilidad, la transparencia y el respeto al
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derecho de defensa— y asegura que el ejercicio del poder punitivo del Estado se mantenga dentro de los límites
de la legalidad y la justicia constitucional.
VII. Resultados y análisis de entrevistas sobre la imputación específica en el proceso penal peruano
El análisis de las entrevistas realizadas a magistrados, fiscales y abogados penalistas permitió constatar
una marcada distancia entre el diseño normativo del principio de imputación específica y su aplicación práctica
en el proceso penal peruano. En las etapas iniciales, muchas acusaciones carecen de precisión fáctica y jurídica,
lo que afecta el derecho de defensa y genera nulidades procesales.
Los entrevistados coincidieron en que la aplicación de este principio enfrenta obstáculos estructurales.
Varios abogados penalistas señalaron la tendencia a privilegiar criterios punitivos sobre las garantías
fundamentales y el uso de formatos preestablecidos en la redacción de cargos. A ello se suma la falta de control
judicial riguroso y la tolerancia frente a imputaciones incompletas, lo que perpetúa un modelo deficiente que
compromete la calidad de las decisiones judiciales.
Este hallazgo coincide con lo expuesto por Mendoza (2011), quien identifica en la imputación concreta el
núcleo de la defensa efectiva, y con Guerreros et al. (2024), quienes denominan este fenómeno como “indefensión
estructural”. Asimismo, Ferrajoli (2010) y Baytelman y Duce (2004) afirman que la precisión en los cargos
constituye un límite frente a la arbitrariedad estatal y una condición indispensable para un juicio racional.
Las entrevistas también revelaron la prevalencia de criterios punitivos y del uso estandarizado de formatos
en la elaboración de las imputaciones. Esta práctica, como advierte Bautista (2021), vacía de contenido la
formulación de cargos y la reduce a un trámite formal. La insuficiente fiscalización judicial refuerza este modelo
deficiente. Aunque los entrevistados valoraron las pautas del Acuerdo Plenario N.° 6-2009/CJ-116, señalaron su
aplicación discontinua. Ello coincide con Alfaro et al. (2020), quienes destacan que la efectividad del debido
proceso depende del rigor técnico, la solidez institucional y el control judicial de la imputación.
En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005) reafirmó que la precisión
acusatoria constituye un pilar del principio de legalidad penal. Las deficiencias observadas reflejan una
problemática estructural alimentada por la carga procesal, la limitada formación profesional y la ausencia de
criterios uniformes. Superar este escenario requiere fortalecer la institucionalidad, promover la formación continua
y consolidar una cultura procesal basada en la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos
humanos.
VIII. Hacia una imputación específica eficaz: propuestas normativas e institucionales para su
fortalecimiento
El análisis de las entrevistas y de la práctica judicial revela que la persistencia de imputaciones ambiguas,
genéricas o excesivamente amplias no constituye un hecho aislado, sino un problema estructural que afecta la
eficacia del proceso penal peruano. La imprecisión en la descripción de los hechos y la débil conexión con los
elementos probatorios generan situaciones en las que la celeridad procesal prevalece sobre la protección de los
derechos fundamentales.
Frente a ello, se vuelve necesario redefinir los parámetros normativos que regulan la formulación de
imputaciones. Aunque el artículo 349 del Código Procesal Penal establece criterios mínimos, su redacción abierta
permite interpretaciones dispares que debilitan la legalidad. Por ello, es pertinente precisar los elementos
esenciales de una imputación válida: identificación del imputado, descripción cronológica y clara de los hechos,
calificación jurídica preliminar, definición del rol procesal y relación directa entre los hechos narrados y las pruebas
que los sustentan.
No obstante, la reforma normativa por sí sola no es suficiente. Se requiere una transformación profunda
en la forma en que fiscales, jueces y defensores conciben su rol dentro del sistema acusatorio. Navarrete y Arenas
(2020) advierten que la deficiente calidad de las imputaciones ha convertido muchas audiencias preliminares en
simples formalidades, debilitando el control judicial y la confianza ciudadana en la justicia. De igual modo,
Guerreros et al. (2024) subrayan que la imputación específica es una garantía sustantiva y no un requisito
meramente formal: cuando los cargos son vagos o sin sustento probatorio suficiente, se genera un desequilibrio
procesal que compromete la legitimidad del modelo acusatorio.
Para revertir estas deficiencias, se propone fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio
Público mediante programas de formación especializada en redacción técnica de imputaciones, la elaboración de
manuales de criterios obligatorios y la creación de unidades de control interno encargadas de evaluar la calidad
de los cargos antes de su presentación. Del mismo modo, el Poder Judicial debe asumir un rol activo como
garante del debido proceso, rechazando imputaciones que no cumplan con los estándares de claridad y
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suficiencia. Este control judicial estricto no debe entenderse como una dilación procesal, sino como una garantía
para prevenir arbitrariedades y asegurar procesos justos.
En síntesis, superar las falencias actuales exige una estrategia integral que combine reformas normativas,
fortalecimiento institucional y un cambio cultural entre los operadores de justicia. Solo mediante imputaciones
claras, coherentes y respaldadas por evidencia verificable será posible consolidar un modelo penal que respete
el principio de legalidad, garantice los derechos del imputado y fortalezca la legitimidad institucional ante la
sociedad.
Conclusiones
El análisis realizado permite concluir que el principio de imputación específica constituye un pilar esencial
del proceso penal peruano. Su correcta aplicación no solo garantiza la coherencia y validez de los actos
procesales, sino que también preserva la legitimidad del sistema de justicia en su conjunto. La ausencia de una
imputación clara y debidamente fundamentada vacía de contenido el modelo acusatorio, vulnera el debido
proceso y restringe el derecho del imputado a una defensa técnica y material efectiva.
Este principio trasciende lo meramente formal para convertirse en una garantía sustantiva que exige que
toda persona sometida a investigación conozca con precisión los hechos que se le atribuyen y la calificación
jurídica correspondiente. Sin esta delimitación, se generan escenarios de indefensión incompatibles con los
valores propios de un Estado constitucional de derecho. En concordancia con ello, tanto la Constitución como el
Código Procesal Penal y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú establecen la
obligación de formular imputaciones claras, específicas y respaldadas en evidencias verificables. Cualquier
desviación de estos parámetros —como ocurre frente a acusaciones genéricas o carentes de sustento
probatorio— afecta directamente la validez del proceso y puede dar lugar a la nulidad de las actuaciones
judiciales.
Los testimonios recabados en las entrevistas confirman esta perspectiva: jueces, fiscales y abogados
penalistas coinciden en que la imputación específica es una condición indispensable para garantizar la
transparencia, la racionalidad y la equidad del procedimiento penal. No obstante, también reconocen deficiencias
estructurales que obstaculizan su efectividad, entre ellas la sobrecarga laboral, la limitada especialización técnica,
el uso de modelos estandarizados en la redacción de cargos y la tendencia institucional a privilegiar la rapidez
procesal por encima del rigor jurídico.
Superar estas limitaciones requiere una estrategia integral que combine reformas normativas, uniformidad
jurisprudencial y un cambio cultural profundo en la práctica judicial. El principio de imputación específica debe
entenderse como una garantía estructural que condiciona la validez del proceso y protege derechos
fundamentales, y no como un simple requisito formal. En definitiva, su observancia plena fortalece la confianza
ciudadana en la justicia penal, previene decisiones arbitrarias y consolida la legitimidad del sistema judicial. Por
ello, su cumplimiento riguroso debe asumirse como una prioridad ineludible para alcanzar un modelo penal
transparente, equilibrado y acorde con los estándares constitucionales y convencionales.
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