Participación ciudadana y derecho barrial: una
revisión sistemática
Citizen Participation and Neighborhood Law: A Systematic Review
Recibido: 02/06/2025 - Aceptado: 31/08/2025
Gabriel David Romo Pezantes
https://orcid.org/0009-0000-9536-8884
davidromo20@hotmail.com
Universidad César Vallejo. Piura, Perú
Resumen
El presente artículo tiene como objetivo principal analizar la relación entre la participación ciudadana y el derecho
barrial, abordando su aplicación en contextos locales mediante una revisión sistemática de investigaciones
publicadas entre 2020 y 2025. Se empleó el método PRISMA, aplicando criterios de identificación, selección,
elegibilidad e inclusión sobre bases académicas como Scopus, SciELO, Dialnet, Redalyc y Google Scholar. Se
incorporaron 16 estudios pertinentes que abordaban empíricamente la participación ciudadana en entornos
barriales. Los hallazgos reflejan que, a pesar de la existencia de un marco normativo favorable —como la
Constitución ecuatoriana, la LOPC y el COOTAD—, en muchos casos la participación ciudadana resulta débil,
instrumentalizada o simbólica. En el cantón La Libertad, las principales barreras identificadas están vinculadas
con la falta de regularización de los mecanismos participativos, la fragmentación organizacional de los barrios, el
clientelismo político y la limitada formación técnica de los líderes comunitarios. Esta situación genera
desconfianza, apatía y desconexión entre ciudadanía e instituciones. El estudio concluye que fortalecer el derecho
barrial requiere no solo voluntad política, sino también procesos de formación, liderazgo legítimo y una cultura
cívica activa que garantice una verdadera gobernanza participativa.
Palabras clave: participación ciudadana, democracia, organización comunitaria.
Abstract
The main objective of this article is to analyze the relationship between citizen participation and neighborhood
rights, addressing their application in local contexts through a systematic review of research published between
2020 and 2025. The PRISMA method was used, applying criteria for identification, selection, eligibility, and
inclusion based on academic databases such as Scopus, SciELO, Dialnet, Redalyc, and Google Scholar. Sixteen
relevant studies were included that empirically addressed citizen participation in neighborhood settings. The
findings reflect that, despite the existence of a favorable regulatory framework—such as the Ecuadorian
Constitution, the LOPC, and the COOTAD—in many cases, citizen participation is weak, instrumentalized, or
symbolic. In the canton of La Libertad, the main barriers identified are linked to the lack of regularization of
participatory mechanisms, the organizational fragmentation of neighborhoods, political patronage, and the limited
technical training of community leaders. This situation generates mistrust, apathy, and disconnection between
citizens and institutions. The study concludes that strengthening neighborhood rights requires not only political
will, but also training processes, legitimate leadership, and an active civic culture that guarantees true participatory
governance.
Keywords: citizen participation, democracy, community organization.
Introducción
La participación ciudadana se expresa tanto como un derecho como una herramienta para incidir en la
toma de decisiones, mientras que el derecho barrial representa el conjunto de facultades de los sectores
organizados para intervenir en la vida pública desde su realidad territorial. En este sentido, Schroeder et al. (2022)
explican que la intervención del colectivo en los debates públicos favorece una distribución más equitativa del
acceso a las decisiones. Por lo tanto, fortalecer las habilidades de los colectivos sociales, particularmente a nivel
barrial, amplía sus oportunidades de plantear ideas e integrarse en la formulación de políticas (p. 149).
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A partir de ello, puede afirmarse que la participación ciudadana y el derecho barrial constituyen dos
dimensiones clave en la construcción de una democracia local inclusiva y corresponsable. Particularmente en
contextos donde el tejido social se organiza a nivel de barrios, como en el cantón La Libertad, ambos conceptos
adquieren una importancia estratégica para el desarrollo comunitario y la legitimidad de la gestión pública.
El cantón La Libertad cuenta con 107 sectores barriales y una población aproximada de 103.000
habitantes. Sin embargo, pese a esta estructura potencialmente participativa, la práctica cotidiana evidencia una
limitada efectividad de los mecanismos de participación y una débil articulación entre los barrios y las autoridades
municipales. Esto se traduce en una escasa apropiación del derecho barrial por parte de la ciudadanía, lo cual
impide el fortalecimiento de la democracia local.
Desde una perspectiva teórica, la participación ciudadana se entiende como el conjunto de mecanismos
mediante los cuales las personas intervienen en las decisiones que afectan a la comunidad. En esta línea, Polo
y Villa (2021) señalan que la colaboración no se limita únicamente a formar parte de un grupo u organización
específica, sino que también implica involucrarse activamente en diversas situaciones mediante propuestas y
acciones orientadas a fortalecer los procesos comunitarios (p. 104).
En el ámbito local, esta participación adquiere una dimensión más tangible y cotidiana. En particular, los
barrios, como espacios primarios de organización territorial y social, se convierten en escenarios clave donde la
participación puede manifestarse o ausentarse. Desde esta perspectiva emerge el concepto de derecho barrial,
entendido como el conjunto de facultades colectivas que poseen los habitantes de un territorio para organizarse,
incidir en la gestión pública y ser reconocidos como interlocutores válidos en los procesos de planificación y toma
de decisiones.
De acuerdo con el COOTAD, las unidades o territorios barriales cuentan con garantías de organización
reconocidas en la norma, destacándose la obligatoriedad de los niveles de gobierno de implementar estructuras
organizacionales e impulsar la participación comunitaria. En consonancia, Barroso y Constantino (2022) advierten
que, a diferencia de partidos políticos, asociaciones o grupos de presión, la acción colectiva se caracteriza por
una capacidad de movilización basada en formas de organización más flexibles y no tradicionales (p. 67).
Bajo este marco, la gobernanza local se convierte en el espacio donde ambas variables convergen.
Conforme al modelo de democracia participativa, las administraciones municipales están llamadas a generar
estructuras y prácticas que promuevan la intervención efectiva del colectivo organizado en los barrios. No
obstante, a pesar de que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010) establece que el Estado
debe garantizar canales institucionales de participación, en muchos casos estos mecanismos son débiles o no se
aplican, particularmente cuando las autoridades locales no fomentan una cultura participativa activa.
El caso del cantón La Libertad constituye un escenario oportuno para analizar esta interrelación. En este
contexto, los ciudadanos enfrentan múltiples obstáculos para ejercer su derecho a la participación, mientras que
los barrios, pese a su potencial organizativo, carecen de estructuras estables y de apoyo técnico o político por
parte del gobierno local. Aunque podría pensarse que la responsabilidad recae en el colectivo por no alcanzar
una organización plena, en realidad la garantía constitucional pondera este derecho como llano y sin cortapisas,
salvo los límites establecidos por la ley. Por tanto, cuando los gobiernos locales deben aplicar este derecho en
políticas públicas, lo menos que debería ocurrir es su menoscabo.
En consecuencia, es necesario repensar los marcos institucionales y normativos que aseguren una
verdadera articulación entre ciudadanía, territorio y gestión pública. Así lo establece la Constitución de 2008, al
determinar que la participación constituye uno de los ejes del Estado y que la ciudadanía tiene derecho a ser
protagonista en los asuntos relacionados con su avance, la programación y la gestión de lo público.
En esa misma línea, la LOPC desarrolla mecanismos concretos de participación, como las asambleas
barriales, audiencias públicas, veedurías, sillas vacías, presupuestos participativos y consejos ciudadanos
sectoriales. Estas herramientas están diseñadas para fortalecer el derecho barrial, ya que permiten a las
comunidades organizarse y ser reconocidas por la institucionalidad pública. Sin embargo, su aplicación real
depende del criterio político del gobernante de turno, lo que en muchos casos deja a los barrios sin espacios
efectivos de incidencia.
Adicionalmente, el COOTAD refuerza estas disposiciones y establece como competencia de los
gobiernos autónomos cantonales promover la intervención comunitaria en el desarrollo local. En su artículo 304,
exige la institucionalización de mecanismos permanentes de participación integrados al sistema de planificación
territorial. Así, los ciudadanos organizados en barrios cuentan con respaldo legal suficiente para exigir su inclusión
en procesos claves como el ordenamiento territorial y la planificación de obras.
En este marco, el presente artículo tiene como finalidad analizar la relación entre la participación
ciudadana y el derecho barrial en el cantón La Libertad. Para ello, se emplea la metodología de revisión teórica y
documental, con el propósito de identificar las condiciones que limitan o favorecen el ejercicio de este derecho,
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evaluar el cumplimiento del marco normativo vigente y proponer estrategias hacia una mayor inclusión de la
comunidad en la gestión local.
Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque descriptivo cualitativo, lo que permitió interpretar, organizar
y realizar un análisis crítico sobre la implicación de los ciudadanos y el derecho barrial. El proceso metodológico
se estructuró siguiendo el protocolo PRISMA, el cual establece una secuencia organizada en cuatro etapas:
identificación, selección, elegibilidad e inclusión.
En la fase de identificación, se efectuó una búsqueda en bases de datos académicas reconocidas como
Scopus, Google Scholar, SciELO, Redalyc y Dialnet. Para ello, se emplearon combinaciones de términos clave
relacionados con “participación ciudadana”, “derecho barrial”, “organización comunitaria” y “derechos
ciudadanos”, tanto en español como en inglés. Se utilizaron además operadores booleanos (“AND” y “OR”) con
el fin de aumentar la precisión en los resultados obtenidos.
Durante la fase de selección, se eliminaron los registros duplicados y se examinaron los títulos y resúmenes
para verificar su pertinencia con respecto al objeto de estudio. Únicamente se consideraron aquellas
investigaciones que cumplían con los siguientes criterios de inclusión:
Estudios empíricos sobre participación ciudadana en barrios o comunidades locales.
Documentos publicados en revistas científicas o fuentes académicas confiables.
Trabajos en idioma español o inglés.
Publicaciones realizadas entre 2020 y 2025.
De forma complementaria, se establecieron los siguientes criterios de exclusión:
Investigaciones de carácter teórico sin análisis empírico.
Estudios centrados en la participación a nivel nacional o municipal sin conexión directa con el contexto
barrial.
Documentos sin acceso al texto completo.
Trabajos que no abordaran específicamente la relación entre participación ciudadana y derecho barrial.
En la fase de elegibilidad, se revisaron en detalle los textos preseleccionados para confirmar que cumplían
con los criterios previamente establecidos. Se valoró de manera especial que las investigaciones examinaran el
papel de la participación ciudadana en la defensa y ejercicio de los derechos barriales. Los estudios que no
cumplían con estos parámetros fueron descartados.
Finalmente, en la fase de inclusión, se seleccionaron los estudios más pertinentes, los cuales fueron sometidos
a un análisis cualitativo detallado. En total, se incorporaron 16 investigaciones que ofrecieron evidencia
significativa para comprender los mecanismos, desafíos y beneficios de la participación ciudadana en el
fortalecimiento del derecho barrial.
A continuación, en la Figura 1 se presenta el diagrama de flujo que sintetiza el proceso metodológico
seguido para la selección de estudios, conforme al protocolo PRISMA.
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Figura 1
Diagrama de Flujo PRISMA
Resultados y discusión
Los resultados del presente estudio, derivados de la revisión sistemática de documentos y normativas,
ofrecen una visión integral de la situación actual del derecho barrial y la participación ciudadana en el cantón La
Libertad. A pesar de que esta región cuenta con una organización compuesta por 107 sectores barriales y una
población cercana a los 103 000 habitantes, las condiciones institucionales, políticas y culturales han limitado
considerablemente el ejercicio efectivo de la participación en la gestión local. Esta realidad se manifiesta en
distintos niveles, comenzando por la fragilidad estructural de las organizaciones barriales, que en su mayoría no
poseen un estatus jurídico actualizado y carecen de una dinámica organizativa constante. La fragmentación del
territorio, junto con la heterogeneidad socioeconómica de los barrios, ha generado una estructura desarticulada
que dificulta la creación de canales confiables de comunicación con el gobierno municipal. Según Quecaño
(2024), el acceso restringido a los mecanismos de participación, la falta de institucionalidad en los barrios y la
persistencia de prácticas corruptas reducen la representatividad y socavan la confianza ciudadana.
En el ámbito institucional, uno de los hallazgos más relevantes corresponde a la inactividad de la Comisión
de Participación Ciudadana del Concejo Cantonal. De acuerdo con el sitio web oficial del gobierno local (Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Libertad, 2024), dicha comisión no ha realizado reuniones ni
convocatorias en los últimos 24 meses. La falta de gestión impide que los ciudadanos accedan a mecanismos
esenciales para ejercer su derecho a participar en decisiones que inciden directamente en su entorno. Asimismo,
la división interna entre los líderes barriales —organizados en dos directivas en disputa— agrava la situación.
Mientras una de ellas cuenta con apoyo de la autoridad cantonal, la otra no posee reconocimiento oficial, lo que
refleja cómo el ambiente político partidista afecta a la organización comunitaria. En lugar de consolidarse como
CRIBADO
Reportes identificados en las bases de
datos n= 175
Reportes identificados en otras fuentes
n = 12
Reportes preseleccionados
n= 187
Reportes duplicados eliminados
n = 31
Documentación del Proceso PRISMA
Reportes excluidos a nivel de título y
resumen n =9
Reportes evaluados a texto completo
n = 147
Reportes a texto completo excluidos por
incumplir los criterios de selección
n = 131
Reportes incluidos en la revisión
n = 16
IDENTIFICACIÓN
SELECCIÓN
INCLUSIÓN
Reportes examinados de interés
n= 156
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actores sociales legítimos, los líderes barriales han sido instrumentalizados como herramientas de movilización
política, debilitando su credibilidad y capacidad de influencia. En esta línea, Hütt y Hernández (2023) señalan
que, aunque las nuevas formaciones políticas prometen transformaciones, en la práctica reproducen sistemas de
control clientelar que intensifican la desconexión entre ciudadanía e instituciones.
Desde el plano normativo, el análisis evidencia que, si bien el cantón dispone de una normativa específica
creada en 2011 para regular la participación ciudadana y la supervisión social, su aplicación ha sido superficial y
limitada. Este marco legal, que debería garantizar el derecho de los ciudadanos a involucrarse en la gestión
pública, ha sido reducido a un cumplimiento formal sin impacto real. En el examen documental no se encontraron
registros de reuniones barriales, audiencias públicas ni veedurías relacionadas con decisiones municipales
importantes, como las referentes al presupuesto de los años 2023, 2024 y 2025. Esta carencia contrasta con lo
dispuesto en el COOTAD, cuyo artículo 304 exige a los gobiernos autónomos descentralizados establecer
mecanismos permanentes de participación. En consecuencia, la participación ciudadana queda supeditada a la
voluntad política de turno, configurando un escenario de cumplimiento formalista sin asegurar el derecho
sustantivo de la comunidad a ser escuchada. Como advierte Signorelli (2024), este tipo de participación
pragmática no responde a los fundamentos de la democracia local, pues carece de profundidad y de incidencia
en la toma de decisiones públicas.
Otro hallazgo relevante es la ausencia de un registro formal que documente los procesos de consulta
comunitaria vinculados a las principales obras del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), tales
como la infraestructura pesquera en Ecuatún, el mercado de transferencias o el nuevo terminal terrestre. Aunque
estas iniciativas representan oportunidades significativas para el desarrollo económico y urbano del cantón, fueron
diseñadas sin instancias deliberativas, sin asambleas comunitarias y sin evidencia de apoyo popular. La omisión
de estos procedimientos resulta alarmante, ya que invisibiliza la necesidad de reconocer a los barrios como
actores legítimos en la planificación territorial. En este sentido, Oregi et al. (2023) sostienen que los procesos de
participación deben incluir una fase preliminar de identificación de actores clave y análisis del contexto, a fin de
garantizar decisiones más democráticas y sostenibles. La ausencia de tales prácticas en La Libertad refleja una
gestión municipal orientada a un enfoque tecnocrático, en detrimento de la inclusión ciudadana.
El distanciamiento entre la población y las autoridades locales también se evidencia en los altos niveles
de desconfianza, apatía y desinterés social. Cuando la ciudadanía percibe que su voz no es considerada,
disminuye su motivación para participar en los procesos públicos, lo que agudiza la crisis de legitimidad
institucional. Al respecto, Reyes (2021) documenta cómo sustituir mecanismos auténticos de participación por
prácticas clientelares debilita la cohesión barrial y genera mayor sensación de exclusión. De igual forma, Carvajal
y Bunster (2024) afirman que, para fortalecer el bienestar comunitario, resulta indispensable promover el capital
social, la unidad y el empoderamiento ciudadano, factores que son escasos en diversos sectores del cantón. La
apatía generalizada se refleja en la falta de responsabilidad compartida frente a problemas cotidianos como el
descuido de espacios públicos, el inadecuado manejo de desechos y la inseguridad barrial. Aspectos que, en
otros contextos, podrían impulsar la organización comunitaria, en La Libertad son asumidos con resignación.
Desde la perspectiva política, el gobierno municipal no ha demostrado una intención real de fomentar una
gestión inclusiva ni de integrar a las organizaciones barriales en el ciclo de políticas públicas. Por el contrario, se
ha identificado una tendencia a convocar a los líderes únicamente en actos ceremoniales, excluyéndolos de los
espacios de decisión. Castro (2023) plantea que la educación ciudadana debe orientarse a problemas
comunitarios específicos, algo inviable cuando los representantes barriales son marginados del debate público.
La falta de autonomía, la escasa formación técnica y la subordinación política frente a las autoridades locales
restringen la consolidación de los líderes barriales como actores legítimos en la gobernanza. En consonancia,
Schneider et al. (2021) sostienen que las estructuras de oportunidad política dominadas por el clientelismo y el
centralismo limitan significativamente la participación ciudadana a nivel local.
Ante este escenario, los hallazgos permiten proponer diversas estrategias para mejorar la inclusión de la
población en los procesos de gestión pública. En primer lugar, resulta imprescindible institucionalizar los
mecanismos de participación establecidos en la normativa vigente, como presupuestos participativos, veedurías
sociales, cabildos abiertos y asientos vacíos, de modo que no dependan de la discrecionalidad política del
gobierno local. En segundo lugar, se requiere reestructurar y fortalecer el liderazgo barrial, promoviendo procesos
democráticos internos y fomentando la capacitación técnica continua. Finalmente, se recomienda implementar
campañas de sensibilización e información ciudadana que fortalezcan el ejercicio de derechos y el desarrollo de
una cultura política activa. En este sentido, Franco (2023) enfatiza que la gobernanza participativa debe
trascender el marco normativo y consolidarse como una práctica real que involucre a la ciudadanía en todas las
etapas de la gestión.
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En conclusión, la experiencia del cantón La Libertad demuestra que un marco legal avanzado puede
resultar ineficaz si no existe voluntad política ni una cultura democrática que lo sustente. Fechine et al. (2024)
sostienen que las políticas públicas alcanzan mayor efectividad cuando son diseñadas y ejecutadas con la
participación genuina de la comunidad. En consecuencia, fortalecer el derecho barrial no solo constituye una
obligación legal, sino también una necesidad esencial para garantizar una gobernanza legítima, inclusiva y
sostenible a nivel local.
Conclusiones
El análisis sistemático acerca de la relación entre la participación ciudadana y el derecho barrial en el
cantón La Libertad permite evidenciar una distancia significativa entre lo que establece el diseño institucional y lo
que se aplica en la gestión local. Aunque el marco normativo vigente reconoce de manera explícita los derechos
colectivos de los ciudadanos para intervenir en la planificación y supervisión de los asuntos públicos, dicho marco
no se ha cumplido de manera efectiva, dejando a la comunidad sin medios reales de incidencia en las decisiones
que afectan directamente su vida cotidiana. Esta situación no solo cuestiona la funcionalidad del derecho barrial
en este contexto, sino que también revela una contradicción entre la participación que se promueve en el discurso
y la que realmente se materializa en la práctica.
Desde una perspectiva crítica, se concluye que el problema no se limita a la falta de voluntad individual
de los ciudadanos, sino que responde a un modelo institucional que ha normalizado la exclusión de la comunidad
como actor colectivo. Reducir la participación a actos formales o espacios controlados políticamente refleja una
lógica de gestión que concentra el poder y limita la corresponsabilidad ciudadana. Esta dinámica afecta elementos
esenciales como el desarrollo de espacios de deliberación real, la vigilancia sobre los recursos públicos y la
legitimidad del gobierno local frente a sus habitantes. Por lo tanto, más que un fallo operativo, se trata de una
cultura política que requiere transformaciones profundas.
El derecho barrial, que debería consolidarse como un canal efectivo de empoderamiento colectivo, no ha
logrado convertirse en una herramienta sólida de participación en La Libertad. La ausencia de liderazgos firmes,
la fragmentación de las organizaciones, el uso partidista de las vocerías y la escasa formación técnica de sus
miembros han debilitado a los barrios como interlocutores legítimos. Sin embargo, esta realidad también plantea
una oportunidad para repensar la gestión territorial, asegurando que los barrios no se limiten a ser receptores
pasivos de decisiones, sino que se fortalezcan como espacios de propuestas y construcción conjunta. Para ello,
resulta indispensable una institucionalidad más abierta, cercana y dispuesta al diálogo, capaz de traducir el
derecho barrial en una práctica cotidiana y efectiva.
Finalmente, este estudio deja abiertas interrogantes para futuras investigaciones: ¿qué procesos
formativos pueden contribuir a reconstruir el tejido comunitario en contextos de desconfianza acumulada?, ¿cómo
lograr que las organizaciones barriales conserven su autonomía y eviten ser capturadas por intereses políticos?,
¿y qué ajustes normativos permitirían adecuar la legislación a escenarios con baja cultura cívica? Estas preguntas
constituyen puntos de partida relevantes para profundizar en la comprensión de los límites y posibilidades de la
participación ciudadana en territorios con problemáticas similares. La colaboración entre universidades,
ciudadanía y gobiernos locales será un elemento clave para avanzar hacia modelos más inclusivos y sostenibles
de gestión comunitaria.
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