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nivel económico de las personas, enfatizando no solo la generación de empleos, sino la creación de empleos
formales vinculados al crecimiento real de las remuneraciones (Pérez, 2019).
No obstante, a nivel global, muchas empresas operan de manera informal, sin registrarse oficialmente y
eludiendo sus responsabilidades tributarias y legales. Esta situación contribuye a un incumplimiento del estado
constitucional y mina la transparencia financiera, afectando la recaudación fiscal. Además, el comercio informal
tiene consecuencias adversas, pues no solo limita el desarrollo económico y social, sino que impide que los
trabajadores accedan a los beneficios que proporciona la formalidad mediante los distintos regímenes laborales
existentes (Olortino, 2023).
En América Latina, los mercados laborales muestran una dinámica particular en comparación con los
países desarrollados, aunque comparten la dificultad para generar suficientes empleos formales que impulsen el
crecimiento social. Así, gran parte de la fuerza laboral se encuentra en la economía informal, lo que restringe el
acceso a beneficios laborales y condiciones mínimas de subsistencia, a pesar de la existencia de regímenes
laborales diseñados para afrontar esta problemática.
Se estima que en América Latina y el Caribe hay aproximadamente 263 millones de trabajadores, de los
cuales alrededor de 140 millones laboran en el mercado informal. Esta cifra revela que más de la mitad no está
protegida por normativas laborales ni cuenta con afiliación a la seguridad social, un hecho preocupante, puesto
que muchos pertenecen a grupos en situación de pobreza o pobreza extrema. Además, los trabajadores
informales suelen enfrentar jornadas laborales excesivas, sin respeto a los límites establecidos por los marcos
legales (Llamas & Retamoza, 2023).
En el Perú, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen el sector empresarial con mayor
proyección de desarrollo y aportan significativamente al crecimiento económico y social del país. Con el fin de
promover el formalismo dentro de este sector, el Estado ha implementado diversas normativas, como el régimen
laboral MYPE, que facilita la generación de empleos formales (Sinche, 2021). Sin embargo, la realidad peruana
es similar a la de otros países latinoamericanos: pese a la adopción de este régimen, persiste un alto nivel de
informalidad, y numerosos trabajadores no disfrutan de los beneficios laborales que implica la formalización. Así
lo confirma la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), que indica una tasa de informalidad laboral del 72,4 %, apenas 1,3 % menor a la registrada
cinco años antes. La informalidad es especialmente alta en las microempresas, donde alcanza el 90 %, mientras
que en pequeñas y medianas o grandes empresas, las tasas se sitúan en 50 % y 19 %, respectivamente (Instituto
Peruano de Economía, 2019).
En la ciudad de Tacna, Perú, la informalidad también predomina en diversas empresas, particularmente
en el sector comercio, lo que representa un problema significativo que afecta directamente los beneficios laborales
de los trabajadores. Aunque algunas empresas formales operan bajo el régimen laboral especial, muchas no
logran formalizar completamente a su personal, lo que perjudica su estabilidad económica, acceso a seguros
sociales y calidad de vida.
Silva (2022) destaca en su estudio que la formalización empresarial es crucial para garantizar a los
trabajadores derechos justos y necesarios, asegurando un nivel de vida adecuado y protección durante el
desarrollo de sus actividades laborales. Además, la formalidad contribuye a la motivación de los colaboradores a
través de salarios dignos, jornadas laborales justas y gratificaciones, factores que impactan positivamente en su
desempeño.
Por otro lado, Huamán (2022) encontró que la adopción del régimen MYPE por parte de las empresas
está vinculada con la reducción de costos laborales, facilitando además la formalización de derechos laborales y
de seguridad social. Esto beneficia a los trabajadores al mejorar sus condiciones de vida y fomentar un
desempeño eficiente, lo que a su vez puede disminuir los costos operativos de la empresa.
De manera consistente, Rubio et al. (2024) evidencian que la implementación del régimen laboral MYPE
conlleva una reducción significativa en los costos laborales empresariales, tanto en remuneraciones como en
obligaciones vinculadas a la legislación laboral. Comparando este régimen especial con el régimen general, los
autores reportan una disminución de costos cercana al 19.88 %, reflejando un impacto favorable para la gestión
financiera empresarial.
Asimismo, Pastor (2024) concluye que el régimen laboral especial MYPE influye positivamente en la
formalidad laboral, al facilitar contratos, previsión social y seguridad para los trabajadores. El autor subraya la
importancia de evaluar y mejorar continuamente este régimen para asegurar una mayor satisfacción tanto
empresarial como laboral.
De forma complementaria, Sinche (2021) determinó que este régimen especial posibilita a las empresas
afiliadas mejorar su rentabilidad, incrementando su productividad y capacidad financiera, lo que a su vez permite