preventive citizen security programs with some challenges. The implementation of the “Juntas vecinales” program is important
for crime prevention; through rapid communication it contributes to community vigilance, likewise, the “Red de cooperantes”
has been strengthened through trainings allowing the identification of criminal activities. In the school environment, the School
Self-Protection Brigades (BAPES), with the participation of parents, have had a relevant impact on crime prevention, achieving
a decrease in crime incidences. However, there are challenges related to the sustainability of the strategies and logistical
resources for these programs.
Keywords: public safety, crime, police.
INTRODUCCIÓN
El problema de la seguridad ciudadana en Latinoamérica y Perú ha empeorado en los últimos cinco años debido al
aumento de la criminalidad, influenciada por factores externos e internos. La falta de políticas claras y efectivas, sumada a la
desarticulación entre gobierno y ciudadanía, ha agravado la situación de seguridad pública. Además, la llegada masiva de
inmigrantes con antecedentes de criminalidad ha incrementado la percepción negativa. En ese sentido, es necesario que, a nivel
de gobierno nacional, regional y local, se implementen políticas públicas que incluyan a las autoridades en colaboración con la
población. De este modo, se generarán estrategias sostenibles que permitan reducir la inseguridad ciudadana y garantizar un
entorno seguro para todos (Coz y Pariona, 2023).
Las políticas de seguridad ciudadana en América Latina enfrentan desafíos como la debilidad institucional, el
clientelismo y la falta de una estructura clara y efectiva, lo que refleja una problemática similar en países como Colombia
(Mendoza, 2021). Incidentes como asaltos, robos y violencia afectan negativamente la imagen del país colombiano. De acuerdo
con el Consejo Turístico de dicho país, la falta de protección en seguridad ha provocado cancelaciones en reservas turísticas,
disminución de foros e incluso cierre de sitios turísticos, por lo que las agremiaciones de turismo hacen un llamado al gobierno
para retomar la mesa de seguridad de 2023, que permita implementar estrategias conjuntas para proteger a los visitantes y
ciudadanos (Salazar, 2024).
Esta problemática es uno de los principales desafíos en la actualidad para el Perú. Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) (2024), el 27.4% de la población ha sido víctima de al menos un tipo de hecho delictivo, donde
la incidencia de delitos como robos, extorsiones y violencia física alcanza el 29.1%. Asimismo, la revictimización afecta al
11.7% de los ciudadanos, especialmente a jóvenes entre 15 y 29 años. En lo referente al distrito de Chorrillos, el Plan de Acción
2027 reporta que la inseguridad ciudadana varía según algunos indicadores. La tasa de denuncias por diversos delitos se
incrementó en 2022 respecto al año anterior. El delito de extorsión es el que más destaca, con un incremento de 0.58%; la tasa
de victimización, en 2.4%; la victimización por armas de fuego, en 2.4%; y por robo e intento de robo (dinero, cartera y celular),
en 2.8%; mientras que el robo de vehículos aumentó en 2.2%. Sin embargo, se observa una disminución en otros indicadores,
como la victimización por estafa (2.8%) y la microcomercialización de drogas (0.06%) (Municipalidad de Chorrillos, 2023).
Abordar el tema es esencial ante el incremento de la criminalidad y la falta de políticas públicas efectivas. Analizar
las prácticas en contextos reales permitirá identificar fortalezas y debilidades para optimizar la respuesta policial, mejorar la
percepción de seguridad y reducir la violencia. Además, la investigación busca promover políticas inclusivas que integren tanto
a las autoridades como a la comunidad, fomentando una colaboración más estrecha para abordar la inseguridad. Los hallazgos
también ofrecen soluciones aplicables a desafíos comunes en América Latina, como la debilidad institucional y la coordinación
insuficiente en políticas de seguridad.
En diversos estudios se evidencia la importancia de la implementación de programas de seguridad pública con
enfoques sistémicos y la participación ciudadana para la prevención del delito. El Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria
por Cuadrantes en Bogotá ha demostrado ser efectivo en promover la seguridad y la convivencia (Páez et al., 2020). Por otro
lado, en Piura, los espacios públicos carecen de infraestructura adecuada para fomentar la socialización (Schroeder y Coello-
Torres, 2020). A nivel tecnológico, el uso de videovigilancia y alarmas por las familias está en aumento (López, 2019), aunque
su gestión requiere planes de continuidad como en el caso de la policía boliviana (Chuquimia, 2020). Asimismo, la resiliencia
social en proyectos como "Quiero mi barrio" destaca la necesidad de participación comunitaria para garantizar la sostenibilidad
de estas intervenciones urbanas (Inzulza et al., 2024). Por ejemplo, Schimkowsky (2021) sostuvo que, a pesar de los bajos
índices de criminalidad en Japón, la prevención del crimen ha ganado una atención significativa debido a las iniciativas del
gobierno desde los años 2000, que fomentaron la participación ciudadana, incrementando el número de voluntarios en
actividades preventivas en más del 1200%. Se destaca que la proliferación de las iniciativas de prevención del crimen se facilitó
por la responsabilización de actores no estatales y la integración de medidas de Bōhan en el entorno urbano, abordando no solo
la reducción del crimen, sino también la cohesión comunitaria y la mejora del entorno. Sin embargo, Yang et al. (2021)
revelaron que, aunque los ciudadanos perciben un alto nivel de seguridad, la participación comunitaria en actividades de