cuestionamientos y contrainformes, como señala del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña (2014), lo que ha llevado al
desarrollo de la psicología jurídica.
La psicología jurídica abarca diversos campos de actuación, incluyendo aspectos psicológicos relacionados con la ley y el
derecho, así como el análisis de cómo factores externos influyen en las decisiones judiciales, según Ovejero (2009). La pericia
psicológica tiene un propósito probatorio y no terapéutico, centrándose en determinar el origen, la gravedad, la evolución y los
efectos de las dolencias psíquicas, como explica Jiménez (2006).
Se destaca que la práctica psicológica orientada a los objetivos del derecho no debe ser exclusiva de la Psicología Jurídica, ya
que su alcance va más allá de esta especialidad. Por lo tanto, esta práctica debe pertenecer a la psicología en general y no
limitarse a una rama específica. La psicología jurídica analiza desde una perspectiva psicológica las conductas complejas y
significativas, con el objetivo de describirlas, analizarlas, comprenderlas, criticarlas e intervenir en función de su relación con
lo jurídico, como indica Del Pópolo (1996).
La psicología jurídica aporta significativamente a la valoración de las pericias psicológicas, ofreciendo diversas contribuciones
que pueden mejorar la comprensión y evaluación de los aspectos psicológicos en el ámbito jurídico, entre los que se incluyen:
1. Evaluación de la credibilidad: Determinar la veracidad de testimonios y declaraciones mediante técnicas específicas
para evaluar la consistencia y coherencia del relato, así como identificar posibles signos de manipulación.
2. Diagnóstico y evaluación clínica: Realizar evaluaciones detalladas del estado mental de individuos, identificando
trastornos psicológicos que puedan influir en su comportamiento, como trastornos de personalidad o psicopatologías.
3. Análisis del contexto psicosocial: Examinar factores externos que puedan afectar el comportamiento de una persona,
como el entorno familiar, social y laboral, para comprender mejor las circunstancias que rodean el caso legal.
4. Evaluación de la capacidad mental y competencia: Determinar si una persona tiene la capacidad mental necesaria para
participar en procesos legales, comprender los cargos en su contra y tomar decisiones informadas, especialmente relevante en
casos de incapacidad.
5. Valoración del daño psíquico: Evaluar la existencia y magnitud del daño psicológico sufrido por una persona a causa
de un delito o conflicto legal, incluyendo el impacto emocional y mental a corto y largo plazo.
6. Informe y testimonio pericial: Preparar informes objetivos que pueden ser presentados como evidencia en tribunales,
además de actuar como testigos expertos para explicar hallazgos y ofrecer opiniones profesionales en el contexto del caso.
7. Intervención y tratamiento: Recomendar intervenciones y tratamientos adecuados para abordar problemas
psicológicos identificados, promoviendo la rehabilitación de las personas evaluadas.
En este sentido, es altamente deseable que el psicólogo desempeñe labores de asesoramiento y formación en el ámbito de la
abogacía. Entre las áreas en las que puede contribuir, además de las ya mencionadas y sin pretender ser riguroso, se incluyen:
a) Ámbito laboral: Ahí tenemos el contrato psicológico, los temas relacionados a los conflictos sociolaborales,
las técnicas de motivación (extrínseca – intrínseca), la creatividad, desde el campo de la Psicología del Trabajo.
b) Área de las relaciones interpersonales: Considera la relación del abogado defensor con la persona afectada,
la entrevista con el cliente, el conflicto social, las técnicas de negociación y la mediación.
c) Campo judicial: Toman en cuenta las técnicas de persuasión, oratoria forense, técnicas de interrogatorio,
comunicación efectiva, estrategias y acciones psicológicas.
d) Entorno macrosocial: El contexto de las relaciones públicas, la opinión pública, marketing, Psicología
económica y fiscal (De la Peña, 2005).
La comprensión precisa del estado psicológico de los individuos en decisiones legales promueve la equidad y justicia (Arce et
al, 2005). La psicología jurídica, más allá de asistir en problemas legales, debe tener autonomía para determinar medidas como
la custodia infantil, respaldadas por evidencia, contribuyendo así a una Jurisprudencia Terapéutica (Davies, 2003).
En procesos judiciales, la prueba pericial es crucial para la acreditación de hechos y garantizar un juzgamiento justo. Sin
embargo, informes periciales deficientes que no siguen estándares científicos y éticos pueden carecer de fundamentos sólidos
(Silva Vargas & Valenzuela Rodríguez, 2011; Lluch, 2017). En el ámbito político y legal, se destaca el papel de los símbolos
emotivos y el derecho penal simbólico, que a menudo se aparta del bien jurídico y se convierte en un instrumento abstracto de
peligro. La función simbólica en la sociedad transmite mensajes valorativos, como se observa en la legislación española sobre
delitos sexuales (De las Heras, 2022).
La interpretación restrictiva de los preceptos legales en delitos de violencia y libertad sexual, donde coinciden autor y víctima,
se destaca (Serrano, 2022). En el ámbito de la violencia contra las mujeres, se busca comprender y prevenir esta coacción a
través de terapias y la identificación de factores protectores y de riesgo, promoviendo la conciencia y la prevención (Valdés
Barraza et al., 2023).
En el ámbito de la pericia psicológica, se enfatiza su importancia en casos de adolescentes, donde se debe cumplir con las
exigencias legales, evitando la contaminación de pruebas y garantizando diligencia en las intervenciones para no vulnerar el