Retroceso del Gobierno Electrónico en Venezuela. Caso: gobernación del Táchira
y alcaldía de San Cristóbal (2016-2021)
1
Setback of E-Government in Venezuela. Case: Táchira governorship and San
Cristóbal mayor's office (2016-2021)
Carmen Edilma Guerrero Galvis
2
https://orcid.org/0000-0003-1913-6154
María Fernanda Rodríguez
3
https://orcid.org/0000-0003-0850-2059
Resumen
En la era digital los gobiernos han incorporado las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) a sus gestiones para responder mejor a las necesidades de los
ciudadanos, quienes a su vez han entendido la importancia de una conversación en
línea con los entes que administran los asuntos públicos. En Venezuela no han sido
pocos los trabajos sobre gobierno electrónico, lo que promovió la realización de esta
investigación desde el plano regional y local, estudiando las características de
gobierno electrónico en la gobernación del Táchira y la alcaldía de su municipio
capitalino, San Cristóbal. Para ello se revisó el marco legal que regula la
incorporación de las TIC en Venezuela para afianzar la democracia, el libre uso de las
tecnologías y fomentar su incorporación. La metodología empleada implicó la
aplicación de un instrumento en los años 2016 y 2021 para evaluar las características
de gobierno electrónico de los sitios web de los gobiernos señalados. Se pudo
constatar que, en lugar de avanzar, hubo un gran retroceso entre un año y otro. En
2016 ambos gobiernos habían puesto a disposición del usuario nuevas formas de
comunicación y transacción en línea que actualmente no existen o no son funcionales.
La gobernación del Táchira y la alcaldía de San Cristóbal tenían características en
1
Esta investigación se realizó como trabajo especial de grado para optar al título de Especialista en Periodismo
en Medios Digitales por la Universidad de Los Andes (ULA).
2
Especialista en Periodismo en Medios Digitales por la Universidad de Los Andes (ULA). , Universidad
de Los Andes (ULA). Correo electrónico: carmenedilmag@gmail.com
.
3
Profesora Asistente del Departamento de Comunicación Social de la Escuela de Medios Audiovisuales de la
Universidad de Los Andes (ULA). Coordinadora del área Formación Periodística. Coordinadora del Grupo de
Investigación en Comunicación Política y Nuevos Medios. , Universidad de Los Andes (ULA). Correo
electrónico: rodriguezula@gmail.com.
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"Transdisciplinary studies in communication and society / Depósito legal ZU2021000004 / ISSN 2739-0063 /
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2016 que las ubicaban en un nivel transaccional de gobierno electrónico. Para este año
2021, la primera descendió al nivel informativo y la segunda perdió su dominio web
por impago.
Palabras clave: Sociedad de la Información, Gobierno electrónico, Gobierno
regional, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Recibido: 15-11-21 - Aceptado: 18-03-22
Abstract
In the digital age, governments have incorporated Information and Communication
Technologies (ICT) into their efforts to better respond to the needs of citizens, who in
turn have understood the importance of an online conversation with the entities that
administer public affairs. In Venezuela there have been many works on electronic
government, which promoted the realization of this research from the regional and
local level, studying the characteristics of electronic government in the government of
Táchira and the mayor's office of its capital municipality, San Cristóbal. To this end,
the legal framework that regulates the incorporation of ICTs in Venezuela was
reviewed to strengthen democracy, the free use of technologies and promote their
incorporation. The methodology used implied the application of an instrument in the
years 2016 and 2021 to evaluate the electronic government characteristics of the
websites of the aforementioned governments. It was found that, instead of advancing,
there was a great setback from one year to the next. In 2016, both governments had
made available to the user new forms of communication and online transactions that
currently do not exist or are not functional. The government of Táchira and the mayor
of San Cristóbal had characteristics in 2016 that placed them at a transactional level of
electronic government. For this year 2021, the first fell to the informative level and the
second lost its web domain due to non-payment.
Keywords: Information Society, Electronic Government, Regional Government,
Information and Communication Technologies (ICT).
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Introducción
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los
gobiernos es indispensable para agilizar los procesos, optimizar funciones, crear
administraciones transparentes y abaratar los costos de funcionamiento. Pero todos estos
cambios incorporados con la llegada de las TIC deben ir acompañados de un nuevo
paradigma en la gestión gubernamental, que implica la transformación y actualización de los
roles que ejercen los funcionarios públicos, conscientes de las nuevas tecnologías y la
utilización efectiva de ellas. El uso gubernamental de las TIC debe comenzar por una gestión
planificada en función de estas, es decir, desde una nueva forma de gobierno que mejore los
servicios y la información ofrecida a los ciudadanos a través de plataformas digitales. Lo
importante de este nuevo modelo de gobierno en línea es simplificar los procesos, consolidar
administraciones transparentes y garantizar la participación ciudadana.
En 2007, los jefes de Estado en América Latina incorporaron el valor democrático y
participativo de la utilización del gobierno electrónico a través de la promulgación de la Carta
Iberoamericana de Gobierno Electrónico, aprobada en Chile ese año por la IX Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado y publicada
por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). En aquella
oportunidad los mandatarios llegaron a la conclusión de que el objetivo general del acuerdo
era reconocer a los ciudadanos un derecho que les facilite su participación en la gestión
pública y sus relaciones con las administraciones públicas, contribuyendo también a hacer
estas más transparentes y respetuosas con el principio de igualdad, a la vez que más eficaces y
eficientes (CLAD, 2007).
El gobierno electrónico es definido así en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico:
El uso de las TIC en los órganos de la administración para mejorar la
información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la
eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar
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sustantivamente la transparencia del sector público y la participación
de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones
establecidas en las legislaciones nacionales (2007, p. 239).
Todos los países de la región latinoamericana, incluido Venezuela, han incorporado en mayor
o menor medida el gobierno electrónico a sus gestiones, desde las nacionales hasta las locales.
No obstante, en aquellos Estados donde la institucionalidad democrática es frágil y no hay
transparencia en el manejo de recursos ni en el desarrollo de las gestiones públicas, la
incorporación de las TIC al gobierno no incide en una mejora de este.
Al respecto Kaufman (2005) sostiene que “los gobiernos electrónicos son espejos de los
gobiernos reales. Lo que funciona mal en la tangibilidad de las organizaciones no tendrá un
resultado feliz en el campo de lo virtual” (p. 22). Asimismo, López (2002) señala que “el
principal problema de los países de América Latina y el Caribe sigue siendo su incapacidad
institucional para acompañar y adaptarse a los cambios, particularmente” (p. 22). En este
sentido, y poniendo foco en el contexto nacional de esta investigación, resulta pertinente
tomar en cuenta las características del gobierno electrónico para la disminución de la
corrupción descritas en el Programa Anticorrupción de la organización no gubernamental
Transparencia Venezuela.
El principal propósito de esta investigación es aportar información sobre los gobiernos
electrónicos regionales y municipales en Venezuela, específicamente en el estado Táchira, a
partir de la descripción y comparación de las características existentes en las gestiones de la
Gobernación y la principal alcaldía, la de San Cristóbal, entre los años 2016 y 2021. Para ello
se presenta primero un conciso marco teórico, seguido de los objetivos general y específicos,
la metodología empleada, el análisis de resultados obtenidos y las conclusiones. La
investigación evidencia que el gobierno electrónico en Venezuela, lejos de avanzar, ha
retrocedido en los últimos cinco años.
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Marco teórico
De la sociedad de la información a la sociedad red
En la década de 1980 el sociólogo japonés Yoneji Masuda escribió una de las primeras
definiciones de era de la información, caracterizada por ser esta, la información, el principal
eje del poder hacia la transformación social, para constituir la llamada sociedad de la
información.
La era de la información es el periodo durante el cual tiene lugar una
innovación, se convierte en la fuerza latente de la transformación
social, capaz de acarrear una expansión en la calidad y en la cantidad
de información y un aumento en gran escala del almacenamiento de la
información (Masuda, 1984, p. 20).
Sin embargo, el uso del concepto de gobierno electrónico tiene sus bases, más que en la
sociedad de la información, en la llamada sociedad red, definida por Manuel Castells a finales
de la década de 1990.
El concepto de sociedad de la información o del conocimiento es
sencillamente una extrapolación tecnológica de la sociedad industrial,
habitualmente identificada con la cultura occidental de
modernización. El concepto de la sociedad red cambia el énfasis a la
transformación organizativa y a la aparición de una estructura social
globalmente interdependiente, con sus procesos de dominación y
contra-dominación. También nos ayuda a definir los términos del
dilema fundamental de nuestro mundo: el dominio de los programas
de una red global de poder o, en su lugar, la emergencia de una red de
culturas interactivas, unificadas por la creencia común en el valor de
uso de compartir (2004, p. 72).
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En este sentido, lo fundamental bajo el concepto de sociedad red es la verdadera
transformación organizativa y de estructuras que apuntan a la autogestión y avanzan hacia
nuevas sociedades alfabetizadas digitalmente para dominar a su favor el uso de las
tecnologías. En el caso del gobierno electrónico, el ejemplo es claro y reiterativo, pero
fundamental: de nada sirve contar con los más novedosos aparatos tecnológicos si los
funcionarios públicos no los saben utilizar. La transformación debe ir hacia el conocimiento y
su aplicación eficiente.
No obstante, la brecha institucional es uno de los factores que entorpece los posibles avances
de modelos de desarrollo de la sociedad red en América Latina. De acuerdo con Naser (2010),
los países de la región carecen de una entidad técnica con liderazgo y capacidad ejecutiva,
sumada a la falta de orientación en las prioridades, de coordinación entre los sectores
públicos, privados y académicos, y de masificación de iniciativas para sumar esfuerzos y
recursos. Naser (2010) añade que la sociedad de la información adquiere valor cuando el
conocimiento y la información sirven para tomar decisiones útiles, se actualiza
constantemente, es segura y fidedigna.
Gobierno abierto
Las TIC han sido herramientas favorables a las nuevas formas de gobernanza democrática
para ampliar la transparencia y mejorar la eficiencia de la gestión pública. En América Latina
se observa que cada país ha dado pasos en la medida de sus posibilidades, a través de
diferentes organizaciones. Una de ellas es la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que
agrupa 63 países, destacando América Latina y el Caribe con 15 naciones en total. A través de
esta alianza se busca incrementar los niveles de transparencia y rendición de cuentas,
promover la participación ciudadana y generar plataformas para la colaboración en la
planificación, el diseño y la implementación de políticas y servicios públicos (AGA, 2011).
La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), creada en septiembre de 2011, define al
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gobierno abierto como:
Un gobierno abierto es aquel que promueve una relación
fundamentalmente diferente entre el Estado y los ciudadanos, con el
fin de construir democracias más fuertes y mejorar la eficiencia,
eficacia y transparencia de los servicios públicos apoyados por el uso
de las nuevas tecnologías (p. 7).
Por su parte Kaufman (2014) agrega que el gobierno abierto es también:
Aquel que desarrolla campañas para sensibilizar a ciudadanos y
funcionarios acerca de la apertura y sus beneficios; y que, en lo
atinente a la información, proporciona mecánicas de transparencia
activa, detección de información útil para la ciudadanía y para los
consumidores, al tiempo que procura reducir las brechas sociales y
digitales. En cuanto a la transparencia de la gestión, privilegia los
sistemas e interfaces destinadas a las compras públicas. Respecto al
aumento de las capacidades internas, el acento está puesto en la
gestión interna de la transparencia a través de sistemas, metodologías
y desarrollos tecnológicos. También considera especialmente las
medidas hacia el exterior en lo relativo a la prevención o la lucha
contra la corrupción (p. 5).
La definición de Kaufman (2014) apunta a estrategias que deben ser implementadas para que
los enfoques sean puestos en práctica y no meros conceptos de esta nueva sociedad
interconectada. El gobierno abierto, más allá de la teoría de una democracia participativa,
gestiones transparentes y anticorrupción, debe basarse en la implementación de metodologías
certeras que expliquen a la comunidad qué debe hacer y cómo participar en este nuevo
modelo de gobierno donde la comunidad es parte fundamental en la toma de decisiones.
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Ramírez y Dassen (2016) plantean tres enfoques sobre el gobierno abierto a partir de los
planes de acción aplicados a los 15 países de América Latina y el Caribe que forman parte de
la AGA.
a) entenderlo como una política pública que mejora y fortalece la
institucionalidad pública, apalancada en el uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC); b) concebirlo como un modelo de
gobernanza que busca cambiar la relación entre gobierno y sociedad a
través de nuevas vías de trabajo conjunto y distribuido, y c)
enmarcarlo como un cambio de paradigma y una nueva cultura de
trabajo que articula valores de referencia con nuevas prácticas en
materia de gestión y políticas públicas (p. 6).
Lobo (s.f), por su parte, destaca el gobierno del expresidente de los Estados Unidos de
América, Barack Obama, como uno de los actores que ha promovido el gobierno abierto, con
la promulgación del Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto del 21 de enero de
2009. En dicho Memorando se exponen los tres pilares básicos que sirven de principios de
soporte al concepto de gobierno abierto.
1. Transparencia. Un gobierno transparente proporciona información
sobre lo que está haciendo, sobre sus planes de actuación, sus fuentes
de datos y sobre lo que puede ser considerado responsable frente a la
sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas de la
administración ante la ciudadanía y un permanente control social;
2. Participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la
ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas
públicas y facilitar el camino para que las administraciones públicas
se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos.
Promueve la creación de nuevos espacios de encuentro que favorezcan
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el protagonismo e implicación de los ciudadanos en los asuntos
públicos;
3. Colaboración. Un gobierno colaborativo compromete e implica a
los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar
conjuntamente para resolver los problemas nacionales. Ello supone la
cooperación y el trabajo coordinado no sólo con la ciudadanía, sino
con las empresas, asociaciones y demás agentes, y permite el esfuerzo
conjunto dentro de las propias administraciones, entre ellas y sus
funcionarios transversalmente (Álvaro y otros., 2012, p. 45, como se
citó en Lobo, s.f., p. 45).
Gobierno electrónico
A mediados de la década de 1990 los países fueron entrando a la denominada sociedad de la
información con el uso de las TIC y con ello adaptando las gestiones gubernamentales a esta
nueva era de comunicación tecnológica. Una de las principales iniciativas en las que se
utilizaron herramientas tecnológicas para la reforma gubernamental fueron la NPD (National
Performance Review) y la NII (The National Information Infrastructure), creadas en 1993
durante la administración del presidente estadounidense Bill Clinton.
Entre 1994 y 1995 se llevaron a cabo múltiples actividades en los países desarrollados en aras
de no quedarse atrás en la carrera de la era de la información. Canadá estableció el
Information Highway Advisory Council en 1994; Japón creó el Telecommunications Council
en ese mismo año; Australia incorporó el ASTEC en 1995; y Singapur también en 1995 fundó
el National Computer Board. En julio de 1994 el G-7, conformado por Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, se reunió para discutir las propuestas
estadounidenses para implementar la Infraestructura de Información Global (GII, por sus
siglas en inglés).
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El plan consistía en desarrollar una GII sobre los principios de competencia abierta,
estándares técnicos comunes e interoperabilidad de sistemas. El resultado más concreto de
esta iniciativa fue el establecimiento de un Foro del G-7 y la representación formal estaba
limitada a las naciones que lo conforman. El Foro manifestó un deseo de cooperación con las
organizaciones internacionales más relevantes, que incluía a agencias de la ONU y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). A partir de todas
esas iniciativas y como consecuencia de la utilización de las NTIC -principalmente internet-
en los procesos gubernamentales, surge el concepto de gobierno electrónico (Pérez y Ruelas,
2003, p. 3).
Backus (2001), uno de los autores que más ha trabajado en el estudio de la implementación de
estas nuevas políticas, destaca que el gobierno electrónico y la democracia electrónica son dos
dimensiones de la gobernanza electrónica, pues esta se construye desde la dimensión de la
relación entre el gobierno y los ciudadanos a través de la red.
Backus (2001) menciona el Modelo de Madurez de la E-Gobernanza que desarrollara en el
año 2000 Gartner, una firma de consultoría e investigación. En este se plantea que los
gobiernos deben desarrollar su gobernanza electrónica en cuatro fases: primero, solo
compartiendo información (tener presencia en la web). Luego, desarrollar un proceso de
inclusión con los usuarios al permitir la interacción con herramientas como el correo
electrónico, los chats y los buscadores. Una tercera fase sería transaccional, es decir,
permitirle al usuario hacer trámites a través del portal web de su gobierno, y la última fase
sería de transformación, cuando finalmente se logran cambios de fondo en la organización
del gobierno a partir del desarrollo del gobierno electrónico.
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las dimensiones más importantes para la
implementación del gobierno electrónico son la prestación de servicios en línea, la
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conectividad de las telecomunicaciones y la capacidad humana (2016). Por su parte Páez e
Iribarren (2002), dos de los investigadores venezolanos que más aportes han hecho al estudio
del gobierno electrónico en el país, presentan una clasificación por escalones del gobierno
electrónico, destacando que cada experiencia podría ser diferente y tener los siguientes pasos:
Nivel informativo: Es la primera fase de gobernabilidad electrónica,
y significa estar presente en la web, proporcionando al público externo
(gobierno-ciudadano y gobierno-empresa) información relevante.
Nivel de interactividad: En una segunda etapa la comunicación se
torna bidireccional, permitiendo al usuario remitir información
personal vía electrónica eliminando la intermediación que
normalmente efectúan las burocráticas oficinas gubernamentales. Para
el caso del gobierno electrónico el término "interactividad" representa
el rescate de los productos y servicios del gobierno, intercambio de
información y comunicación. Nivel de transacción: Con la tercera
fase la complejidad de la tecnología se incrementa, pero la valoración
del cliente (ciudadanía y sector privado) también aumenta. La
completación de transacciones puede ser hecha sin tener que acudir a
una oficina. En esta fase, los procesos internos han de ser rediseñados
para proveer un buen servicio. Nivel de transformación: en la cual
todo el sistema de información está integrado y el público (Ciudadanía
y Sector privado) puede tomar los servicios en una oficina de atención
virtual (p.25).
Dentro de los beneficios de la implementación del gobierno electrónico, Naser (2010)
desglosa los desglosa en cuatro categorías:
Servicios en Línea: que permiten gestionar trámites gubernamentales
que abaratan los costos y los tiempos de los ciudadanos, pues los
servicios están siempre disponibles y sin hacer filas.
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Transparencia y rendición de cuentas: a través de la creación de
portales públicos es posible publicar los gastos de los funcionarios
públicos y saber en qué se invierten los recursos.
Participación ciudadana: Es posible realizar consultas al público
sobre su parecer en temas de interés general. Igualmente se pueden
elaborar buzones de quejas y sugerencias para mejorar los servicios.
Capacitación y Educación a Distancia: organismos públicos y
privados utilizan internet para capacitar a funcionarios y usuarios.
Educan a través de las TIC y ahorran costos en clases presenciales (p.
10).
Según los beneficios expuestos por Naser (2010), todas las administraciones públicas se ven
favorecidas con la implementación del gobierno electrónico. Por una parte, los ciudadanos
cuentan con nuevas y rápidas formas de información, comunicación y diligencias, mientras
que por la otra, las organizaciones gubernamentales pueden rendir cuentas a la comunidad y
convertirse en gestiones más transparentes. Asimismo, los ciudadanos pueden formar parte
del gobierno trabajando en equipo. En suma, tanto funcionarios como el colectivo en general
pueden recibir educación a través de la web.
Gobierno electrónico en Venezuela. Evaluación y legislación
Desde el año 2003, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (DAES) publica el Índice Global de Gobierno Electrónico, que evalúa “las
características de acceso, como la infraestructura y los niveles educativos, para reflejar cómo
un país está utilizando las tecnologías de la información para promover el acceso y la
inclusión de su gente” (DAES, 2021). Este índice comprende tres dimensiones importantes
del gobierno electrónico: prestación de servicios en línea, conectividad de telecomunicaciones
y capacidad humana.
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Para el año 2016, cuando se aplicó por primera vez el instrumento de medición de esta
investigación, Venezuela ocupaba el puesto número 90 de la clasificación. En 2020, año más
reciente del Índice, había retrocedido 28 puestos, para ubicarse en la posición 118 de todas las
193 naciones del mundo que conforman este ranking.
En materia de legislación, Venezuela fue incorporándose paulatinamente a la sociedad de la
información y aplicando sus preceptos al plano gubernamental a partir del año 2000, dando
inicio a lo que hoy se define como gobierno electrónico. Para dar un vistazo a los inicios de la
incorporación de las TIC en Venezuela, Páez y Riera (2009) señalan que para el año 2002 el
desarrollo de las experiencias en gobierno electrónico en el país se encontraba en una fase
naciente. Los autores hacen referencia al estudio de Iribarren (2002) acerca del gobierno
electrónico en las alcaldías de Venezuela, cuyos hallazgos mostraron que 83,3% de los sitios
web por entonces se limitaban a informar a los usuarios sobre la gestión, mientras que apenas
16,7% por ciento abría la posibilidad de interacción entre el gobernante y sus gobernados
(citada en Páez y Riera, 2009, p. 12).
Sin embargo, Briceño (2010) señala que a pesar de la poca capacidad en la estructura pública
para atender las grandes exigencias del siglo XXI en cuanto a la creación de sistemas
nacionales de innovación electrónica, la voluntad política se expresó en la nueva Constitución
promulgada en 1999, al reconocerse por primera vez en la historia el carácter estratégico e
interés público de la ciencia, la tecnología, la innovación y los servicios de información (p.
19).
El artículo 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra lo
siguiente:
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el
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desarrollo económico, social y político del país, así como para la
seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas
actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el
sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El
sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado
garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que
deben regir las actividades de investigación científica, humanística y
tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar
cumplimiento a esta garantía (CRBV, 1999).
El instrumento jurídico venezolano más importante, y reciente, en materia de gobierno
electrónico es la Ley de Infogobierno, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.274 del 17 de
octubre de 2013 y vigente desde el 17 de agosto de 2014. El objetivo de esta ley es establecer
los principios, las bases y los lineamientos que rigen el uso de las TIC en el poder público y el
poder popular en Venezuela. En su artículo 6 establece la obligación del poder público de
utilizar las tecnologías en las relaciones internas y externas, para garantizar el acceso para las
personas que por cualquier motivo no puedan utilizar estos medios. Además, la Ley de
Infogobierno reconoce los derechos del poder público y el poder popular en este respecto.
Legislación en Venezuela relacionada al Gobierno Electrónico
Fecha de
publicación
Ley o Decreto
Relación con el gobierno electrónico
1999
Constitución de la
República Bolivariana
de Venezuela
Reconoció por primera vez el carácter e interés
público de la ciencia, la tecnología y los
servicios de información.
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http://revistainvecom.org / Vol. 2, # 2 (julio-diciembre 2022).
Retroceso del Gobierno Electrónico en Venezuela. Caso: gobernación del Táchira y alcaldía de San Cristóbal
(2016-2021)
Carmen Edilma Guerrero Galvis y María Fernanda Rodríguez
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2000
Ley de
Telecomunicaciones
Estableció el marco legal de regulación
general de las telecomunicaciones, a fin de
garantizar el derecho a la comunicación y a la
realización de las actividades económicas de
telecomunicaciones.
2000
Decreto N° 825
“Internet como
prioridad del estado”
Declaró el acceso y el uso de Internet como
política prioritaria para el desarrollo cultural,
económico, social y político de Venezuela.
Los órganos de la Administración Pública
Nacional deberán incluir en el desarrollo de
sus actividades el uso de internet para facilitar
la tramitación de los asuntos de sus respectivas
competencias.
2000
Ley de Mensajes de
Datos y Firmas
Electrónicas
Reconoció la eficacia y valor jurídico de la
firma electrónica, el mensaje de datos y a toda
información inteligible en formato electrónico,
independientemente de su soporte material.
2001
Ley Especial sobre
Delitos Informáticos
Dio protección integral a los sistemas que
utilicen tecnologías de información, así como
la prevención y sanción de los delitos
cometidos contra tales sistemas o cualesquiera
de sus componentes, o de los cometidos
mediante el uso de dichas tecnologías.
2005
Ley de Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Incluyó al Sistema Nacional de Ciencia
Tecnología e Innovación, las instituciones
públicas o privadas que generen y desarrollen
conocimientos científicos y tecnológicos y las
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personas que se dediquen a la planificación,
administración, ejecución y aplicación de
actividades que posibiliten la vinculación entre
la ciencia, la tecnología y la sociedad.
2013
Ley de Infogobierno
Estableció los principios, bases y lineamientos
que rigen el uso de las tecnologías de
información en el poder público y el poder
popular en Venezuela. Para mejorar la gestión
pública y los servicios que se prestan a la
colectividad, e impulsar la transparencia y
promover el desarrollo de las TIC.
Fuente: elaboración propia.
Como antecedentes a esta investigación sobre el gobierno electrónico en Venezuela, además
de los ya citados, resultan fundamentales los trabajos de Arcila y otros (2007); Gómez (2007);
González y Pulgar (2013); Henríquez (2006); Jiménez (2004) y Ochoa (2006).
Objetivos
Objetivo General
Evaluar las cualidades de gobierno electrónico de la gobernación del Táchira y la alcaldía de
San Cristóbal a través de su sitio web en los años 2016 y 2021.
Objetivos Específicos
Investigar y conocer las características del gobierno electrónico; elaborar y aplicar un
instrumento que permita evaluar las cualidades de gobierno electrónico en la gobernación del
Táchira y en la alcaldía de San Cristóbal; analizar y comparar las características de gobierno
electrónico de la gobernación del Táchira y en la alcaldía de San Cristóbal en los años 2016 y
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Marco metodológico
Nivel de investigación
Esta investigación se plantea desde un enfoque metodológico descriptivo, no experimental y
mixto (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Es una investigación de tipo transeccional o
transversal que busca analizar las cualidades de gobierno electrónico en la gobernación del
Táchira y la alcaldía de San Cristóbal.
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
La técnica de recolección de datos utilizada fue el análisis documental y de contenido a través
de un instrumento diseñado a manera de encuesta, y elaborado a partir de baremos e
indicadores de gobierno electrónico ya existentes. Para ello se tomó la encuesta 2010 de la
ONU sobre gobierno electrónico, a través de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Dicha encuesta creó una propuesta metodológica para evaluar el
desarrollo del gobierno electrónico. La ONU (2010) ha definido un marco de evaluación que
permite clasificar las iniciativas de gobierno electrónico, según su nivel de madurez. Describe
los niveles de madurez en: emergente, ampliado, interactivo, transaccional e integrado.
Igualmente, se tomaron en cuenta las propuestas metodológicas presentadas por Páez, Atencio
y Neüman (2013), quienes proponen las siguientes categorías para el estudio: interactividad,
contenido, usabilidad y accesibilidad.
Descripción del instrumento
El cuestionario producto de la investigación se diseñó con base en las dimensiones que
componen la operacionalización de variables, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos
de la investigación. Para cada parte del cuestionario se construyó un conjunto de ítems, con
preguntas estructuradas bajo el esquema de la Escala de Likert, conocida como “escalas de
actitudes de intensidad”, las cuales, según Hernández y otros (2003), son un “conjunto de
ítems presentados en forma de afirmación o juicio, ante los cuales se pide la reacción de los
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sujetos” (p. 368). Las opciones de respuesta en esta escala están sujetas a las siguientes: 1:
Siempre; 2: Casi Siempre; 3: Algunas veces; 4: Nunca.
El cuestionario buscaba medir: la interactividad, referida a la consulta y conversación a la
que puede acceder el usuario; el contenido, referido a la información que se difunde; la
usabilidad, referida a la facilidad de uso del sitio web; y la accesibilidad, que está
“íntimamente ligada con la usabilidad, se refiere a la cantidad de usuarios que pueden utilizar
correctamente el medio” (Páez, Atencio y Neüman, 2013, p. 257). Adicionalmente se agregó
la categoría transparencia, que se refiere a la publicación de información oficial por parte de
las administraciones públicas, como rendición de cuentas, divulgación de gastos públicos y
divulgación de inversiones públicas.
El cuestionario fue aplicado en 2016 y 2021 a los especialistas encargados de gestionar el
sitio web de la gobernación del Táchira, y en 2016 a los responsables del sitio web de la
alcaldía de San Cristóbal. Este último no pudo evaluarse en 2021 debido a que desapareció
por impago del dominio.
Procesamiento y análisis de datos
En el procesamiento y análisis de los datos recolectados se tomó como referencia el ranking
propuesto por Naser (2010), según el modelo de servicios en línea disponibles, otorgándole
una ponderación de 0,4 para siempre; 0,3 casi siempre; 0,2 algunas veces; y 0,1 para nunca.
La presentación se hace siguiendo la estructura del instrumento. Es decir, los datos referentes
a interactividad, contenidos, usabilidad, accesibilidad y transparencia. Los resultados se
presentaron en tablas y gráficos, igualmente se realizó el análisis descriptivo y argumentativo
de lo expresado por los especialistas sobre aquellos aspectos consultados.
De las categorías planteadas para el estudio, se elaboraron las dimensiones y sus
correspondientes indicadores, y de cada indicador propuesta se elaboraron las interrogantes
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del cuestionario:
Categoría
Dimensión
Indicadores
Interactividad
Selección
Consulta
Conversación
Registro
Impresión
Correo electrónico
Información para dispositivos móviles
Aclaratorias sobre contenidos
Encuestas en línea
Comentarios, Sugerencias
Foros
Mensajes al periodista
Charlas en vivo
Registro del usuario
Personalización de contenidos
Categoría
Dimensión
Indicadores
Contenidos
Informativos y
multimedia
Géneros periodísticos tradicionales
(Noticia, reportaje, crónica)
Encuesta interactiva
Infografía interactiva
Entrevista on line
Fotorreportajes multimedia
Titulares minuto a minuto
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Diseño y distribución
de contenidos
Calidad de los datos
Identificación del autor
Estructura redaccional
Distribución por tiempo de actualización
Distribución por áreas temáticas
Lista con todas las informaciones
Actualizaciones
Documentos
Trámites en línea
Categoría
Dimensión
Indicadores
Usabilidad
Eficacia
Eficiencia
Navegación
Control de uso
Rendimiento
Categoría
Dimensión
Indicadores
Accesibilidad
Perceptibilidad
Operabilidad
Comprensibilidad
Alternativas
Adaptabilidad
Distinguible
Navegable
Legible
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346 | Página
Robustez
Ayuda
Compatible
Categoría
Dimensión
Indicadores
Transparenci
a
Información oficial
Rendición de cuentas
Divulgación de gastos públicos
Divulgación de inversiones públicas
Fuente: elaboración propia a partir de Cely (2006); Naser (2010); Páez, Atencio y Neüman
(2013).
Análisis de resultados y conclusiones
Los resultados de la investigación se presentan tal y como se estudiaron las plataformas,
mediante el uso de la cibergrafía: interactividad, contenido, usabilidad y accesibilidad. A
continuación, la evaluación, comparación y análisis de resultados en cada caso de estudio
según las respuestas al cuestionario hechas en 2016. Para este 2021, el sitio web de la alcaldía
de San Cristóbal ya no está en línea, por impago del dominio web desde diciembre de 2018.
Interactividad
En líneas generales los sitios web estudiados cumplían en 2016 los requerimientos básicos de
esa categoría, pero en 2021 el sitio web de la gobernación perdió interactividad con sus
usuarios al no permitir la publicación de comentarios ni tener información de contacto para
que estos puedan comunicarse. Tampoco se hacen encuestas ni foros que permitan la
participación de la ciudadanía.
En 2016 el uso del correo electrónico no estaba disponible para los usuarios del sitio web de
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la gobernación del Táchira, pero sí para la alcaldía de San Cristóbal. En la información para
dispositivos móviles, ambos sitios web se podían visitar a través de estos equipos. En la
consulta que pueden hacer los usuarios de los sitios web, en ambos casos de estudio recibían
explicación o aclaratoria a sus comentarios sobre los contenidos publicados. Las encuestas en
línea, en cambio, solo las utilizaban en la alcaldía de San Cristóbal.
En la conversación que podía tener el usuario con la administración, los comentarios y
sugerencias solo aparecían visibles en el sitio web de la alcaldía de San Cristóbal. Finalmente,
el registro del usuario solo estaba y sigue estando disponible en el sitio web de la gobernación
del Táchira.
Contenidos
Los resultados obtenidos sobre los contenidos informativos y multimedia reflejaron que el
género periodístico utilizado por las organizaciones en la publicación diaria durante 2016 era
la noticia. En el uso de las infografías interactivas, destacaba la gobernación del Táchira. Los
titulares se publicaban minuto a minuto en la gobernación del Táchira y la alcaldía de San
Cristóbal.
En el diseño y distribución de los contenidos, el usuario podía conocer la identificación del
autor de la información publicada en ambos sitios web. Del mismo modo, la redacción era
entendible y ordenada en ambos casos. En cuanto a la distribución de la información, en los
dos sitios web se hacía por tiempo de actualización y áreas temáticas.
En la calidad de los datos, con respecto a las actualizaciones, la gobernación y la alcaldía
publicaban información de calidad y actualizada para el usuario en 2016. Con respecto a la
realización de trámites en línea, el usuario podía efectuarlos a través de ambos sitios web. En
2021 continúan disponibles algunos trámites en línea en el sitio web de la gobernación, pero
solo para hacer consultas y descargar recibos de pagos que deben realizarse en persona.
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Usabilidad
Se tomaron en cuenta aspectos de eficacia y eficiencia. En cuanto a la navegación, era eficaz
en ambos sitios web en 2016. Los administradores llevaban un control sobre la navegación en
el portal web. En la atención a las fallas que se presentan en tiempo real, la gobernación y la
alcaldía siempre las atendían. Al verificar el rendimiento, destacaba la gobernación del
Táchira manifestando que el servicio que prestaba en línea siempre fue eficiente y
satisfactorio. En 2021 el sitio web de la gobernación desmejoró su usabilidad en cuanto al
control de uso del sitio que debería hacer el equipo técnico.
Accesibilidad
Tanto la gobernación del Táchira como la alcaldía de San Cristóbal presentaban varias
alternativas de acceso al usuario que se adaptaban a sus necesidades y eran distinguibles.
Ambos sitios web consultados dieron como resultado en la operatividad que eran fáciles de
navegar. En el estudio de la comprensibilidad por parte del usuario, ambos portales web eran
considerados legibles, con acceso a información relevante. El usuario siempre recibía ayuda
en línea, cosa que en 2021 no ocurre en el sitio web de la Gobernación. Ambos sitios en 2016
eran compatibles con los motores de búsqueda de la web, funcionales y satisfacían las
necesidades de información.
Transparencia
Con referencia a la publicación de información oficial de la gestión regional y municipal en el
Táchira, se pudo constar que en la rendición de cuentas la gobernación y la alcaldía de San
Cristóbal siempre lo hacían a través de sus sitios web, aportando información relevante sobre
el servicio. En la divulgación de gastos públicos, la alcaldía de San Cristóbal siempre
divulgaba en su sitio web información relevante, mientras que la gobernación casi siempre lo
hacía en 2016, pero no en 2021. En la divulgación de inversiones públicas, la alcaldía de San
Cristóbal siempre publicaba información relevante, mientras que la gobernación casi siempre.
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En conclusión, los resultados de la investigación muestran que hubo un gran retroceso durante
los cinco años transcurridos entre la primera aplicación del instrumento y la segunda. En 2016
ambos gobiernos habían puesto a disposición del usuario nuevas formas de comunicación y
transacción en línea que actualmente no existen o no son funcionales. La gobernación del
Táchira y la alcaldía de San Cristóbal tenían características en 2016 que las ubicaban en un
nivel transaccional de gobierno electrónico. Para este año 2021, la primera descendió al nivel
informativo y la segunda perdió su dominio web por impago.
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